Las cuentas del Ayuntamiento se cierran cada año con una cantidad que se corresponde con los derechos reconocidos y otra con los ingresos reales. El desfase entre uno y otro concepto se va ajustando progresivamente conforme pasan los meses y se van recaudando impuestos y multas por vía ejecutiva o se van formalizado determinados pagos que se retrasan. Pese a esto, siempre existe una cantidad que no se consigue cobrar y se va a arrastrando. Cuanto más tiempo pase desde que se incluyó en el capítulo de derecho reconocido hasta que se ingresa, más opciones hay de perderlo. Al analizar todas estas cantidades pendientes de los últimos ejercicios, el interventor realizó el pasado mes de julio una estimación: hay 290 millones que no se han cobrado pero se pueden llegar a ingresar y 45 que se deben provisionar ante las dificultades para poder cobrarlos.
La mayor parte de este dinero tiene más de cinco años de antigüedad. Es decir, que entra en unos límites de posibles prescripciones que la Agencia Tributaria intenta evitar manteniendo los expedientes vivos, como admitió la Delegación de Hacienda a través de un comunicado: "Se seguirán desarrollando todos los procedimientos de embargos bancarios de sueldos y salarios, de devoluciones tributarias de Agencia estatal y de bienes inmuebles y muebles para poder cobrar estas deudas".
A partir del último lustro hay una evolución progresiva de estas deudas: de 2005 hay 12,4 millones sin cobrar, de los que 1,8 se consideran de difícil ingreso; de 2006 hay 14, 2 millones sin ingresar y 1,7 provisionados; de 2007 hay 18,3 millones pendientes y 1,8 de dudoso cobro; de 2008 quedan 35,3 y 1,7 están reservados; y de 2009 quedan 172 millones por recaudar, pero todos los expedientes están abiertos. Es decir, aunque el último ejercicio presupuestario se cerrara con esta deuda con la administración local, los expedientes se empiezan ahora a tramitar.
