La Consejería de Obras Públicas y Viviend a, la Diputación de Sevilla y los ayuntamientos integrantes del Consorcio de Vivienda para los Vecinos del Área de Sevilla han acordado la disolución de la entidad, después de ponerse de manifiesto desde las distintas partes la "no conveniencia" de prolongar el esfuerzo económico que supone la continuidad de esta entidad en un contexto de "ajuste" como el actual, y después de que hubiera cumplido sus funciones de asesoramiento.
El convenio para la constitución de este Consorcio fue ratificado por la Junta de Andalucía, la Diputación y 27 ayuntamientos sevillanos el día 29 de enero de 2007 con el objetivo de analizar la situación de la vivienda en la provincia, hacer propuestas al respecto y con la idea de exportar el modelo de urbanizaciones de viviendas de protección oficial supramunicipal como las que ya había en marcha en 2007: Cortijo de Cuarto, entre Sevilla y Dos Hermanas; y Pago de Enmedio, en La Rinconada.
Además, fue pionero en Andalucía al ser el primero de estas características en la comunidad autónoma y se marcó el objetivo de buscar suelo para que proyectos supramunicipales como los dos anteriores -que suman cerca de 6.000 VPO y donde tienen un peso clave los equipamientos- se repitiesen en el resto de localidades del área metropolitana.
Asimismo, según explicó la entonces consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, su apuesta era que la mayoría de las viviendas vinculadas al Consorcio fuesen de alquiler con opción a compra y destinadas fundamentalmente a los jóvenes, "que se ven expulsados del mercado libre como consecuencia del constante incremento de los precios", según insistió el día de la constitución de la entidad.
Pero estas buenas intenciones se han quedado por el camino a causa de la crisis. Fuentes de la Administración regional informaron a Europa Press de que los distintos integrantes del Consorcio han abordado de forma "conjunta" su disolución en diversas reuniones, en las que se ha puesto de manifiesto "por parte de todos la no conveniencia de prolongar el esfuerzo económico que supone su continuidad en un contexto de ajuste como el actual".
Además, indicaron que esta estructura había cumplido ya su función de asesorar a los municipios de cara a agilizar las políticas municipales en materia de urbanismo y vivienda, y la puesta en marcha de los registros de vivienda.
Así, cabe recordar que actualmente todos los municipios que integran el área metropolitana de Sevilla, un total de 46, tienen las bases de los registros municipales de demandantes de vivienda protegida presentadas a la Consejería, con su correspondiente informe favorable. Por tanto, el funcionamiento del registro ya compete directamente a cada Ayuntamiento, con una población total afectada de 1,5 millones de habitantes.
El Consorcio aprobó en diciembre una resolución para la adopción de medidas transitorias para la continuidad de su gestión económica y administrativa, en la que se recoge el determinar los derechos y obligaciones pendientes de la entidad de cara a su posible disolución.
Según la resolución, a partir del día 5 de enero de 2012 no queda en la sede del Consorcio ningún personal que pueda atender las funciones y competencias de gestión ordinaria, por lo que se determina, hasta que los órganos de la entidad lo acuerden procedente, que dichos servicios sean prestados desde la Dirección General de Vivienda de la Consejería de Obras Públicas con sus medios personales y técnicos, y que ante esa dirección general se presenten todos los documentos que hasta ahora estuvieran dirigidos al Consorcio.
