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El Constitucional anula el artículo 51 del Estatuto andaluz por fragmentar la gestión de la cuenca

Considera que asume  competencias "que corresponden al Estado".

el 17 mar 2011 / 11:44 h.

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El Tribunal Constitucional (TC) ha hecho pública este jueves la  sentencia que declara inconstitucional y nulo de pleno derecho el  artículo 51 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, que reconoce a la  comunidad competencias exclusivas sobre las aguas de la cuenca del  Guadalquivir que discurren por la comunidad, por considerar que fija  un "criterio fragmentador" de la gestión de la cuenca y asume  competencias "que corresponden al Estado".

En el texto de la sentencia, de la que ha sido ponente el  magistrado Javier Delgado Barrio y a la que ha tenido acceso Europa  Press, también se advierte de que el precepto 51 del Estatuto andaluz  tiene una "inadecuación formal" para concretar el criterio  territorial de delimitación de las competencias reservadas al  Estado.

El Alto Tribunal da así la razón al Gobierno de Extremadura que en  su recurso contra este artículo argumentó que al tratarse de una  cuenca hidrográfica supracomunitaria, Andalucía no podía asumir en su  Estatuto la competencia exclusiva sobre las aguas de la cuenca que  transcurran por su territorio.

Extremadura argumentó en sus alegaciones que atribuirse esas  funciones choca con el artículo 149 de la Constitución, que reserva  al Estado competencias delimitadas con arreglo a un criterio  territorial, el de la cuenca hidrográfica natural como unidad de  gestión en la política hidráulica.

IMPIDE LA FUNCION INTEGRADORA

El texto recalca que el artículo 51, al atribuir a Andalucía  competencias exclusivas sobre las aguas --"por más que la atribución  competencial pretenda limitarse a las que 'transcurren por su  territorio y no afectan a otra Comunidad Autónoma'" y se haga con  salvedades--, impide que las competencias del Estado, ejercidas a  través de la legislación estatal, desplieguen la "función integradora  y de reducción a la unidad que les es propia".


La sentencia, de 46 páginas, también recoge cómo el Abogado del  Estado propuso que el artículo 51 debía ser interpretado como que no  atribuye a Andalucía "la competencia exclusiva" sobre las aguas de la  cuenca que pasan por territorio andaluz sino que únicamente proclama  que la región tiene una serie de "competencias exclusivas" sobre  tales aguas, es decir, determinadas y exclusivas, pero no todas las  posibles, sino respetando las que, también con carácter exclusivo, la  Constitución reserva al Estado.

El pleno del Constitucional mantiene que al atribuir a Andalucía  las competencias exclusivas sobre aguas del Guadalquivir, siendo éste  intercomunitario, el artículo 51 se separa tanto de lo que prevé la  Constitución como también del criterio que usa la Ley de Aguas para  concretar la delimitación territorial de las competencias del  Estado.


Así, dice que el precepto lleva a entender que se propone un  modelo de gestión fragmentada de las aguas que pertenecen a una misma  cuenca, de modo que una parte de esas aguas sería competencia  andaluza y otra, del Estado.

La sentencia también refleja que entre las alegaciones que el  Parlamento y la Junta de Andalucía hicieron al recurso del Gobierno  extremeño --presentado en junio de 2007-- está la de que éste no  estaba legitimado para ello. Ante ello, la Junta extremeña defendió  que la cuenca es supracomunitaria y en su territorio hay 18  municipios de la comunidad y que el Estatuto causaba un perjuicio a  la autonomía extremeña.

RATIFICA LOS OTROS ARTICULOS RECURRIDOS

Por otro lado, el Constitucional ha desestimado el recurso  extremeño en lo que se refiere a los artículos 43, 50.1.a, y 50.2. y  en la sentencia se explica que, con respecto al primero, descarta que  pueda particularizarse en lo que es vigente para el 51.

Tampoco prospera la impugnación del 50.1.a, recurrido con el  argumento de que, al no especificar que las competencias referidas se  proyectan sobre las aguas que "únicamente" transcurren por territorio  andaluz, incurre en una ambigüedad buscada a propósito para dar  cabida a interpretaciones contrarias al principio de seguridad  jurídica.

Sin embargo, el TC ve evidente que la anulación del 51, en tanto  que es excepción del 50, supone la pervivencia de este último como  norma que no admite otro criterio territorial que el de las aguas que  transcurran íntegramente por Andalucía.

Por último, las dudas extremeñas sobre la constitucionalidad del  50.2 se centran en que se atribuye a Andalucía facultades de policía  del dominio público hidráulico sin dejar claro el tipo de cuencas al  que se está haciendo referencia.


El Constitucional está de acuerdo con el recurso en que si se  tratara de las intercomunitarias sería improcedente que el Estatuto  asumiera una competencia que corresponde al Estado, pero mantiene  que, anulado el 51, ya no cabe esa interpretación del 50.2.


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