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El Constitucional anula un despido del Ayuntamiento por un embarazo

Que quede claro: lo primero es el derecho de las mujeres a que nadie las discrimine por tener hijos. Así lo acaba de proclamar una sentencia del Tribunal Constitucional que pone fin a una batalla judicial por el despido de una empleada del Ayuntamiento de Bormujos cuando estaba embarazada, en 2003.

el 15 sep 2009 / 07:40 h.

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Que quede claro: lo primero es el derecho de las mujeres a que nadie las discrimine por tener hijos. Así lo acaba de proclamar una sentencia del Tribunal Constitucional que pone fin a una batalla judicial por el despido de una empleada del Ayuntamiento de Bormujos cuando estaba embarazada, en 2003. Dio a luz en febrero de 2004.

La Sala Primera del Tribunal Constitucional ha concedido el amparo a esta trabajadora social del Ayuntamiento de Bormujos, cuyo contrato no fue renovado durante el tiempo que estuvo de baja por su embarazo, al considerar los jueces que los hechos fueron una discriminación por "razón de sexo".

Rocío Mateo, abogada de la empleada municipal, explicó ayer que la sentencia, que no se puede recurrir ya, "marca una referencia para las mujeres de Sevilla". Ahora el Consistorio aljarafeño está obligado a readmitir a esta trabajadora social cinco años después de su despido.

En la sentencia, dictada el 23 de junio en Madrid, pero difundida ahora, el Constitucional reconoce el derecho fundamental de la trabajadora a no ser discriminada por razón de sexo y declara firme el primer fallo, de un tribunal ordinario, que resolvió su cese como despido nulo por discriminatorio.

Fue despedida estando de baja por su embarazo en noviembre de 2003. La sentencia del Constitucional agrega que el cese de su contrato por obras y servicios es en realidad "despido" porque la afectada venía trabajando con contratos de un año desde 2000, lo que consideró una práctica "fraudulenta" que enmascaraba una relación laboral que debió haber tenido la forma de un "contrato indefinido".

La empleada, María Paz C.P. prestaba sus servicios en el Ayuntamiento de Bormujos desde el 23 de marzo de 2000 a través de contratos por obra o servicios. Su último contrato, de un año de duración, lo firmó el 1 de enero de 2003. En principio, era un contrato de obra, y nueve meses después pasó a ser a tiempo completo. Durante ese año la trabajadora estuvo de baja en dos ocasiones por problemas relacionados con su embarazo.

Aquella primera sentencia fue dictada el 30 de marzo de 2004 por el Juzgado de lo Social no 8 de Sevilla, pero luego la recurrió el Consistorio, que actualmente gobierna Baldomero Gaviño (Partido para el Desarrollo de Bormujos, PDB). El alcalde de expuso ayer que él no gobernaba cuando se produjeron el despido y el recurso (lo hacía el socialista Juan Antonio Iglesias), y que "nunca hubiera discriminado a una mujer".

Sin réplica. El recurso municipal triunfó ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el 5 de noviembre de 2004. Pero la sentencia del Constitucional anula también ese fallo del TSJA y la victoria judicial de María Paz P.C. ya no tiene réplica. El Constitucional señala que el Ayuntamiento "no ha acreditado la existencia de una causa "fundada" y "real" que permita "destruir la apariencia discriminatoria" del despido.

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