El Tribunal Constitucional (TC) propinó un doble golpe al PP en su lucha por hacerse con el control de la institución judicial. El primero fue político, tras admitir a trámite las recusaciones del Gobierno contra dos jueces del bloque conservador. Sin embargo, el segundo golpe fue más duro aún si cabe, ya que el TC acusó al PP de "faltar al respeto" al tribunal.
El planteamiento de las tres recusaciones del PP en el recurso que este partido presentó contra la Ley Orgánica de esta institución (LOTC) ha sido lo que ha enfadado al Alto Tribunal, que acusó al PP de no observar "el respeto que institucionalmente le es debido al Tribunal y a sus miembros". En este sentido, añadió que los populares hicieron un "uso indebido y desviado" de las recusaciones al cuestionar la imparcialidad de tres magistrados progresistas con el único objetivo de "contrarrestar" las planteadas por el Gobierno contra dos jueces del bloque conservador.
El Constitucional se pronunció así en el auto en el que rechazó de plano tramitar las recusaciones de Manuel Aragón, Pascual Sala y Pablo Pérez Tremps en el recurso, que el PP basó en la información de un periódico sobre una reunión en la que éstos participaron junto a otros tres magistrados y que fue "tajante y radicalmente" desmentida por todos ellos.
Confusión. Según el Constitucional, el PP confundió "la legítima oposición a una recusación que, a su juicio, carece de fundamento", en alusión a la planteada por el Gobierno, "con la instrumentalización del instituto de la recusación para una finalidad distinta de la que está prevista para ella". Esa finalidad no es otra, según el auto, que "contrarrestar las consecuencias que en la composición del Tribunal pudieran derivarse de la hipotética estimación" de las recusaciones del Gobierno, que dejarían el control del pleno en manos de los progresistas.
Las quejas del Constitucional se hicieron públicas el mismo día en el que el pleno del Alto Tribunal acordó admitir a trámite la recusación de los magistrados conservadores Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata planteada por el Gobierno en el recurso del PP a la LOTC. La admisión a trámite de las dos recusaciones, planteadas después de que los dos jueces mostraran en una carta su "más profunda discrepancia" sobre la reforma, supone la suspensión del recurso del PP hasta que se resuelvan.
La decisión fue adoptada en un pleno compuesto por ocho magistrados, ya que el presidente del mismo, el conservador Vicente Conde, decidió el pasado jueves no convocar al mismo a los dos recusados. Este hecho provocó que otros dos miembros del tribunal, Ramón Rodríguez Arribas y Eugeni Gay, formularan sendos votos particulares en los que consideraban que también García-Calvo y Rodríguez-Zapata debían haber formado parte del pleno, ya que los tres magistrados recusados por el PP estuvieron en la reunión en la que se rechazó tramitar esas impugnaciones.
El Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, recusó el 19 de octubre a García-Calvo y Rodríguez-Zapata en el recurso del PP contra la LOTC por creerlos "contaminados" en el asunto. Los dos magistrados, adscritos al llamado sector conservador, manifestaron en junio en un escrito dirigido al pleno su "más profunda discrepancia" con la reforma y concretamente con el artículo que prorrogó automáticamente el mandato de su presidenta, María Emilia Casas.
En su escrito, el Gobierno consideró que la actitud de los dos jueces fue contraria a la "imparcialidad" exigible a un juez y que revelaba un "prejuicio" sobre el asunto acerca del que debían deliberar. El PP respondió al movimiento del Gobierno recusando a tres magistrados progresistas, ya que la eventual exclusión del pleno de García-Calvo y Rodríguez-Zapata privaba a los conservadores de la mayoría en el pleno. Pero su maniobra finalmente no ha prosperado.
