El Consejo Constitucional francés, la autoridad constitucional máxima del país, censuró ayer parte de la polémica ley contra la piratería en internet. En concreto veta el punto que estipula que una autoridad administrativa pueda cortar el acceso a internet.
Los miembros del Consejo Constitucional argumentan en su decisión que solamente un juez tiene la competencia para impedir el acceso a la red de los internautas que hagan descargas ilegales.
El consejo señala que la libertad de comunicación y expresión prevista en la Declaración de los Derechos Humanos implica "la libertad de acceder a los servicios de comunicación al público en línea" y que, por lo tanto, sólo una autoridad judicial tiene capacidad de limitar esa libertad de los ciudadanos.
El dictamen, de obligado cumplimiento, da la razón al opositor Partido Socialista francés, que presentó un recurso al texto legislativo impulsado por la mayoría conservadora al considerar contrario a la Constitución gala que se corte el acceso a internet a un cliente sin que exista una sentencia judicial previa que lo autorice. Además consideraba que privar de conexión a un usuario vulnera el derecho fundamental a la educación.
"La decisión ha sido clara. El corazón de la ley ha sido cancelado, esto significa que internet es un derecho", señaló Jean-Marc Ayrault, presidente de los socialistas franceses en el Congreso.
En términos similares se pronunció también el Parlamento Europeo (PE) el pasado 6 de mayo, cuando aprobó una enmienda en la que señala que el corte del acceso a internet sólo puede dictarse a través de una decisión judicial y no por una orden de una autoridad administrativa.
La controvertida ley anti-piratería, aprobada el pasado mes de mayo por el Senado y la Asamblea Nacional tras un largo debate parlamentario, estipula que los internautas que hagan descargas ilegales recibirán un primer aviso por correo electrónico y un segundo por carta certificada antes de que, en caso de reincidir, les corten el acceso a internet durante una duración que puede ir de seis meses a dos años.
De acuerdo con el texto, la entidad encargada de fijar las sanciones será la Alta Autoridad para la Difusión de Obras y la Protección de Derechos sobre Internet, la Hadopi, nombre con el que se conoce a la polémica normativa.
