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El Constitucional obliga a las Cortes valencianas a responder preguntas vetadas sobre Gürtel

el 13 ago 2010 / 12:47 h.

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El Tribunal Constitucional (TC) ha considerado que la Mesa de las  Corts Valencianes vulneró los derechos de los diputados de Compromís  por no tramitar una serie de iniciativas, entre las que había  preguntas sobre los contratos de la Generalitat con empresas de la  trama 'Gürtel'. El alto tribunal considera que la decisión del órgano  rector de la Cámara de inadmitir esas cuestiones "carece de  motivación suficiente" y por lo tanto se han "limitado" los derechos  de estos representantes políticos.

Así, el TC declara nulos los acuerdos por los que se rechazaron  estas preguntas e iniciativas parlamentarias y obliga a la Mesa a  "retrotraer las actuaciones al momento anterior de dictarse las  mencionadas resoluciones de inadmisión" y a que "resuelva de nuevo"  sobre la admisión. Con esta resolución, la Mesa deberá de nuevo  tramitarlas y argumentar si las admite o no. La resolución judicial  viene firmada por la presidenta del TC, María Emilia Casas y los  magistrados Javier Delgado, Jorge Rodríguez, Manuel Aragón y Pablo  Pérez Tremps.

Tanto el síndic como la portavoz adjunta de Compromís, Enric  Morera y Mónica Oltra, han valorado la sentencia en rueda de prensa,  donde han exigido la dimisión de la presidenta de las Corts --y de la  Mesa--, Milagrosa Martínez; del que en aquel momento era  vicepresidente primero del órgano rector de la Cámara y actual  secretario general del PPCV, Antonio Clemente, y de la secretaria  primera, María Fernanda Vidal.  

Además, los parlamentarios de Compromís sostienen que estas tres  personas están "inhabilitadas para seguir en la vida pública" porque  "no han cumplido la Constitución" y porque "ya sabían que estaban  incumpliéndola porque había precedentes" con sentencias anteriores  del alto tribunal, aunque, según los diputados de la coalición, los  miembros del PP "contaban" con que la decisión "saliera una vez  finalizada la legislatura".

Las cuestiones que la Mesa inadmitió fueron una serie de preguntas  sobre los contratos de la Generalitat con empresas relacionadas con  el caso 'Gürtel'; por vertidos tóxicos en Mislata (Valencia) de una  fábrica de papel; por las contrataciones y adjudicaciones de  licencias de radio y televisión y por el plan de emergencia exterior  en el polígono de El Serrallo (Castellón), donde se han instalado  empresas gasísticas; además de una proposición no de ley para  reconocer públicamente al que fuera conseller republicano Francesc  Bosch Morata.

La Mesa de las Corts se acogió al artículo 153.2 del Reglamento  para inadmitir las preguntas, alegando que el contenido de las mismas  "se refiere a una persona jurídica o física que no tiene  trascendencia pública dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma". En  cuanto a la proposición no de ley, se estimó que el contenido de ésta  "no es propio" de una iniciativa de estas características.

"VICIO DE FALTA DE MOTIVACION"

Los magistrados han considerado que la inadmisión de las preguntas  "supone una limitación de los derechos y facultades" de los diputados  en su labor de representación de los ciudadanos. Asimismo, estiman  que las resoluciones de la Mesa "difícilmente pueden calificarse de  motivadas", al tiempo que sostienen que "no se desprende, a primera  vista, que se trate absolutamente sobre personas jurídicas sin  trascendencia pública o cuestiones estrictamente de índole  jurídica".

"En suma, el contenido lacónico y estereotipado de las  resoluciones impugnadas, carente de cualquier tipo de justificación  argumentada e individualizada, pone en evidencia un vicio de falta de  motivación que impide conocer" las razones por las que la Mesa  rechaza estas iniciativas.

Esta es la tercera sentencia desfavorable del TC para la Mesa de  las Corts por los mismos motivos y con una resolución similar, aunque  las dos anteriores --conocidas en los últimos meses-- hacían  referencia a cuestiones inadmitidas en la legislatura pasada.  

Este hecho lo reconoce el tribunal y señala que "a diferencia de  lo sucedido en otras ocasiones" donde "no cabía adoptar en el fallo  una medida destinada a restablecer el derecho vulnerado" por haber  finalizado la legislatura, en este caso, se realiza un  pronunciamiento "destinado a conseguir el pleno restablecimiento del  derecho fundamental a la participación política de los diputados  recurrentes en amparo". De esta manera, la Mesa deberá resolver estas  cuestiones en cuanto se inicie el nuevo periodo parlamentario, sin  necesidad de que los diputados las vuelvan a presentar.

La portavoz adjunta de Compromís, Mónica Oltra destacó la  "celeridad" del TC por resolver estos recursos de amparo -de 2009-  porque "se nos puede reparar el derecho", al tiempo que ha recalcado  que "no puede ser" que el presidente de la Generalitat "no conteste  sobre las preguntas de contrataciones" con empresas "bajo sospecha".  "El TC ha dicho que no pueden seguir ocultando la verdad", ha  apostillado.

Por su parte, el síndic de Compromís, Enric Morera, opina que esta  sentencia "demuestra que trabajamos de forma seria y rigurosa", al  tiempo que ha señalado que "sienta un precedente" en esta  legislatura. También se ha preguntado qué hará el PP con los  valencianos si hacen esto con los diputados.

REGLAMENTO "INCONSTITUCIONAL"

Por otro lado, Oltra ha considerado que, con esta sentencia, el  Reglamento de las Corts "está en cuestión", por lo que preguntada por  si puede ser "inconstitucional", ha considerado que "en algunos  preceptos lo es" . De este modo, ha lamentado que "en su día no se  recurriera" su aprobación por parte de "quien tenía posibilidad de  hacerlo", que son los partidos que cuentan con 25 diputados o 25  senadores, ha explicado.

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