La medida es fruto de un acuerdo entre los gobiernos británicos y español con la Junta de Andalucía y la Generalitat Valenciana, comunidades que acaparan a la mayoría del casi millón de británicos residentes en España.
El secretario de Estado para Europa en el Ministerio británico de Asuntos Exteriores, Chris Bryant -que se reunió ayer en el Consulado de Málaga con el secretario de Estado de Cooperación Territorial español, Gaspar Zarrías, y el consejero andaluz de Vivienda, Juan Espadas- mostró su voluntad de que el turismo británico regrese a España, tras la caída del último año, pero reconoció que "si las casas se caen por razones legales en España, eso no ayuda".
Bryant aludió al caso de Albox (Almería), donde hay órdenes de derribo sobre ocho viviendas aunque sólo se ha ejecutado una, para destacar que "lo más injusto para estas familias es que hicieron todo lo previsible y todavía quedan amenazados".
Por su parte, Zarrías defendió que en España existe seguridad jurídica y explicó que el acuerdo, por el que la Junta dotará al Consulado de un funcionario y la Embajada se hará cargo de los gastos materiales, permitirá hacer una "labor informativa" con "carácter preventivo" porque este tipo de problemas "una vez que se introducen en la maquinaria judicial es más difícil buscar soluciones".
El consejero de Vivienda, Juan Espadas, anunció que en los próximos días se reunirá con las familias afectadas de Albox para intentar encontrar una solución a la que el juez que dictó la sentencia "pueda dar su visto bueno", mientras en el Valle del Guadalhorce (Málaga) trabajan con los ayuntamientos para identificar los casos con sentencia sobre viviendas construidas en suelo no urbanizable y los que aún no la tienen, para ver la posibilidad de regularizar en el planeamiento estos últimos.
