Los tribunales tendrán la última palabra porque la Junta , tras el dictamen del Consejo Consultivo , rechaza la reclamación presentada por la empresa concesionaria Metro de Sevilla por los sobrecostes de la línea 1, que se inauguró -no entera- en abril de 2009 cuando estaba prevista para junio de 2006.
En concreto, la sociedad (participada por Dragados, Sacyr, Gea 21, CAF y Tussam) pide a la administración andaluza 155,9 millones de euros: 145,7 millones por los extras en mano de obra, maquinaria y hormigones, incrementos de gastos generales y costes indirectos, por el retraso en la ejecución de las obras, más 10,2 millones por el incremento del precio del acero y la prórroga del contrato de concesión, por 35 años, para compensar a la concesionaria en la ejecución de las obras. Así reza en el informe del Consultivo, que atribuye los retrasos a la empresa constructora (la UTE formada por Dragados, Sacyr y Gea 21) y a circunstancias "imprevistas", por lo que considera que no procede compensación alguna.
"No cabe sino concluir, en unos casos, la responsabilidad de la sociedad concesionaria en los retrasos sufridos y, en otros, la existencia de circunstancias imprevistas o nuevas que han supuesto reformados en el proyecto inicial pero que han sido debidamente resarcidos mediante la inclusión de los nuevos costes y mediante la ampliación de plazos de ejecución o incluso que han implicado una modificación total del proyecto originario con la aprobación de un nuevo proyecto y con precios nuevos sujetos a mercado", reza en el dictamen del máximo órgano jurídico andaluz.
Incluso defiende que la Administración ya ha restablecido el equilibrio económico-financiero del contrato en aquellas causas que le han sido imputables, y que la construcción de la línea 1 se adjudicó en 2003 por 428 millones de euros pero finalmente la inversión real ejecutada fue de 658 millones de euros por la incorporación de mejoras o cambios sustanciales, tanto a petición de la Junta como de la propia empresa.
Lo cierto es que la Junta no ejerció su derecho a penalizar a la empresa por los retrasos achacables a Metro de Sevilla, como los fallos en la tuneladora que demoraron el proyecto seis meses, y que la administración también introdujo cambios y mejoras que complicaron y alargaron la construcción de la línea 1 del suburbano. El Gobierno andaluz incluso incrementó su participación en la sociedad para controlar y vigilar que al final de las obras se respetasen los plazos fijados.
Ahora, la Agencia de Obra Pública ve avalada su decisión de rechazar la petición de más dinero por parte de Metro de Sevilla con este dictamen del Consejo Consultivo, en el que se apunta que su argumento "es correcto, en la medida en que tales informes dan respuesta a las alegaciones de la concesionaria y han sido elaborados sobre la base de hechos contrastados y documentados en el expediente, pudiendo presumirse su acierto e imparcialidad, al no detectarse errores en sus presupuestos fácticos o discordancia con lo acontecido en la relación contractual".
No obstante, la empresa decidió acudir a los tribunales una vez que vio casi cerrada la vía administrativa, por lo que serán los jueces quienes digan si la Junta tiene que compensar o no por los retrasos y cambios sufridos en el proyecto de la línea 1, que tiene una partida de 52 millones de euros en los presupuestos de 2012 de la Junta para pagar, entre otras cosas, el préstamo del Banco Europeo de Inversiones y la subvención de explotación, ya que el billete costaría 3,60 euros (y no 0,80) sin la ayuda pública.
Incidentes. La obra de la línea 1 del Metro sufrió infinidad de imprevistos, fallos, cambios en el proyecto... Lo que se tradujo en un retraso de casi tres años en su puesta en marcha, circunstancia que se refleja en el dictamen del Consejo Consultivo.
La empresa concesionaria asegura que la Junta introdujo cambios y que el 32,7% de los terrenos no estaban disponibles, así como que aparecieron restos arqueológicos o impedimentos por parte de los propietarios de fincas afectadas que no fueron debidamente solventados. En definitiva, la empresa niega responsabilidades en los retrasos. Pero el Consultivo señala, por ejemplo, su retraso en la presentación de los proyectos, como el del puente sobre el río o la estación de Puerta Jerez, "deficiencias" del proyecto que conllevaron cambios que aceptó la Junta, "incidencias de gran calado" imputables directamente a la empresa, como los fallos de la tuneladora que supuso un retraso de seis meses o la caída de una viga sobre la SE-30 "debido a la falta de un análisis específico de los riesgos constructivos y a los desperfectos ocasionados en la acera de la calle Almirante Lobo como consecuencia de las excavaciones realizadas en la Estación de Puerta de Jerez". El famoso socavón que se tragó literalmente un kiosco de prensa y que provocó un tremendo susto porque en ese momento se encontraban en él el vendedor, su mujer y su hija. El Consultivo añade que la disponbilidad de los terrenos no incidió "en la ejecución de las obras ni en el cumplimiento de su plazo final" y que incluso la empresa provocó "incidencias" como la ocupación de la edificación en la zona de San Juan y la del jardín del Restaurante Río Grande.
