Cano Bueso recordó la lista de corruptelas que se están investigando estos días -El Ejido, Estepona, Alhaurín o Marbella- e insistió en que sería "conveniente" un agravamiento de las penas previstas en el Código Penal relativas a los delitos urbanísticos y de prevaricación. Pero además hizo mucho hincapié en que habría que "obligar" a que las administraciones públicas no puedan "eludir" los dictámenes del Consejo Consultivo "como elemento de control previo a las decisiones en materia urbanística".
El Código Penal "no es una alternativa deseable" en democracia para controlar los riesgos de la corrupción en las arcas públicas. El presidente de este órgano de consulta defendió el trabajo de prevención para evitar llegar a esos extremos, y que las penas se resuelvan en los tribunales. "Los gobernantes deben actuar con transparencia y honradez", dijo.
En su discurso, pronunciado ayer en la Real Chancillería de Granada, definió al Consultivo como un "valladar infranqueable" para los comportamientos corruptos. Según su planteamiento, si los delitos urbanísticos en el ámbito de un Gobierno local terminan por consolidarse es porque los alcaldes han eludido "maliciosamente" esos "controles preventivos", que debieran ser obligatorios para que los movimientos internos de la administración estuvieran más vigilados.
En su crítica a los poderes públicos, Cano Bueso se refirió a los expedientes "maliciosamente confusos y engañosos" que pretenden "ocultar operaciones, beneficios y plusvalías" que no responden al interés general ni son conformes al ordenamiento jurídico vigente. También aprovechó la presencia de Griñán para reclamar el impulso de leyes "claras, comprensibles, útiles, efectivas y eficaces", que simplifiquen los trámites burocráticos a la par que agilicen la relación de los ciudadanos y las empresas privadas con las administraciones públicas. "La inflación legislativa y la obsesión por la cantidad y no por la calidad de la leyes es un camino más que probable hacía la inseguridad jurídica", dijo, seguro de que seguir la senda equivocada conducirá a la "indefensión" de los ciudadanos.
Cuando Griñán intervino, se refirió a la "urgencia" en la tramitación de decretos para impulsar políticas sociales y de empleo que ha conllevado la actual crisis, frente a la que el poder público tiene el compromiso "de devolver la estabilidad a la economía", en palabras del presidente.
Anunció además que en breve el Consejo Consultivo recibirá para su dictamen dos textos "que vuelven a situar a Andalucía en la vanguardia legislativa", como son la Ley de Autonomía Local y la Ley de Participación de las entidades locales en los tributos de la Junta, dos normas que aún deben recorrer un largo trámite parlamentario y que previsiblemente se aprobarán muy entrada la primavera próxima.
Durante el pasado ejercicio el Consejo Consultivo tramitó 808 solicitudes de dictámenes, de los cuales se emitieron 771, lo que supuso un 10% más respecto al año anterior, siendo el 67% instados por el Gobierno y las distintas administraciones de la Junta de Andalucía; el 32% por las administraciones locales y el 1% por entes de Derecho Público. De los 771 dictámenes emitidos, 634 lo fueron en sentido favorable a la resolución de la administración, 84 fueron desfavorables y 53 devueltos. Sólo dos de los dictámenes emitidos fueron objeto de votos particulares, el resto por unanimidad, según consta en la Memoria de 2008.
