Manuel Ruiz de Lopera y Luis Oliver, el día de la supuesta venta, en julio de 2010.
La Fiscalía de Sevilla ha pedido el archivo de la causa contra Luis Oliver por adquirir a Manuel Ruiz de Lopera su paquete mayoritario de acciones en el Betis, ya que considera que no existen indicios de que fuera una venta simulada.
Según la Fiscalía, por tanto, no existe delito en la compra-venta entre Lopera y Oliver, en contra de lo que mantiene la juez Alaya, y la causa debería quedar fuera del procedimiento que se mantiene abierto contra Lopera por presunto delito societario y de apropiación indebida, que sigue su curso. En unas semanas, la Fiscalía deberá pronunciarse al respecto y decir si respalda las acusasiones contra Lopera total o parcialmente, por ambos delitos, por uno solo o pide el archivo de la causa, cuya instrucción ya está finalizada.
Las acciones de Farusa, por tanto, entiende la Fiscalía que podrían pertenecer a Luis Oliver, aunque éste y Lopera tienen abiertos otros frentes judiciales por la vía civil por el incumplimiento de varias cláusulas del contrato de compra-venta. Ayer, incluso, uno de los socios de Oliver ya daba por hecho en las redes sociales que en unos meses estarían otra vez al mando del Betis, lo que parece harto improbable.
En marzo del próximo año está previsto que se vea en el Juzgado Mercantil de Sevilla el juicio por el cual se resolverá sobre la propiedad de 36.869 acciones del Betis (el 31,38% del total del club), hasta ahora en poder de Lopera (que controlaba el 51,34% del total), pero que según dieciséis accionistas denunciantes no fueron desembolsadas, aparte de otras 11.424 que fueron pagadas por Farusa con pagarés del propio Betis, según mantienen estos accionistas béticos. Si el Mercantil da la razón a los denunciantes, Lopera habría vendido a Oliver unas acciones que no eran suyas, por lo que éste podría emprender nuevas acciones legales contra él.
Las acciones de Farusa están desde julio de 2010 intervenidas por un auto de medidas cautelares del juzgado de instrucción número 6. En caso de que estas medidas cautelares fueran levantadas, los denunciantes del Mercantil pueden solicitar la activación de otras sobre el 31,38% que se litiga, aunque para ello deberían depositar una caución de 221.582,69 euros, el 10% del importe de las acciones que se reclaman.
Entre unas cuestiones y otras, debido a lo lenta que va la justicia y la segura interposición de recursos, la titularidad de las acciones de Farusa tardará varios años puede que más de cinco en dilucidarse, a no ser que haya un acuerdo entre las partes, lo que hoy por hoy parece muy poco probable. Antes que se resuelva el proceso por la titularidad de las acciones, el Mercantil debe decidir sobre la culpabilidad del concurso de acreedores, donde anda implicado Oliver, entre otros.
