El consejo del Betis y los concursales, en la última junta de accionistas.
Una vez satisfecho el objetivo deportivo número uno, la permanencia, el Betis empieza a pensar en su futuro global como club y sociedad anónima deportiva. Y en este capítulo también hay magníficas noticias. La clave de la subsistencia verdiblanca pasa por que su concurso de acreedores tenga un final feliz y así parece que será. A dos semanas de que se celebre la junta de acreedores, en la que o se aprueba el convenio para satisfacer la deuda de 40 millones o el Betis desaparece, los responsables de la entidad heliopolitana han conseguido la adhesión de los acreedores que representan más del 50% de la deuda total a su propuesta de convenio. Es decir, lo exigido por la Ley Concursal para que la empresa concursada apruebe su convenio y salga del concurso sin estar abocada a la liquidación. Si más de la mitad de la masa acreedora, por llamarla de algún modo, da su visto bueno al convenio, el resto de acreedores debe acatarlo igualmente, esté o no esté de acuerdo. En otras palabras, el convenio de acreedores del Betis está virtualmente aprobado cuando faltan trece días para ese miércoles 23 de mayo, día de celebración de la junta (a las 10.00 de la mañana en el hotel Al Andalus).En realidad, la buena noticia se veía venir desde finales de marzo, cuando el Betis anunció que había presentado en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla una propuesta de convenio que ya contaba con la firma positiva de tres acreedores que representaban el 44,8% de los 40 millones de deuda que tiene el club. Se trataba de la Asociación de Futbolistas Españoles (unos 13,5 millones), la Liga de Fútbol Profesional (2.145.000 euros) y el Elche (2.078.000 euros por el traspaso de Jorge Molina). Entre aquel día y hoy, las gestiones encabezadas por el consejero José Antonio Bosch y el secretario del consejo de administración, Manuel Domínguez Platas, han permitido aumentar el porcentaje hasta alcanzar y superar la barrera clave, la del 50%.
El éxito de las negociaciones, además, no va a frenar los contactos con otros acreedores, ya que la intención del Betis es llegar al 23 de mayo con el mayor respaldo posible para un convenio que prevé una quita del 50% de la deuda y un plazo de entre ocho y diez años para ir pagando los créditos ordinarios. Por ejemplo, va a muy buen ritmo el diálogo con el Deportivo de La Coruña (1.475.000 euros por Rubén Castro) y el Córdoba (118.000 euros por Salva Sevilla), mientras que tampoco se descarta desde el club que también se adhiera el Villarreal (3.443.390,78 euros por Jonathan Pereira).
"Lo más razonable es que el convenio se apruebe por mayoría. Queremos ir a la junta con el 51% superado de sobra", dijo Bosch el pasado 23 de marzo, el día que visitó a la plantilla junto a representantes de la AFE para explicar a los futbolistas las condiciones del convenio. Unas condiciones, por cierto, que aseguran a los profesionales verdiblancos el cobro íntegro de lo que les debe el club siempre que estén bajo el paraguas de la asociación de futbolistas y presentasen la correspondiente denuncia en la comisión mixta LFP-AFE, requisitos que cumplen todos ellos. No ocurre con varios exjugadores que ya no están en nómina pero sí en la lista de acreedores, algunos con cantidades significativas que se someterán a la susodicha quita.
LA DEUDA SUBORDINADA. El convenio que ha propuesto por el Betis y que será aprobado el 23 de mayo contempla un plazo de entre ocho y diez años para satisfacer el grueso de la deuda, que es la ordinaria. La subordinada (unos 3 millones de euros) comenzará a pagarse a partir de entonces. Eso significa que el Betis puede estar unos veinte años, a contar desde 2012, pagando deuda.
