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El coste de un imputado en el caso Mercasevilla

El ex director adjunto de Mercasevilla y uno de los principales imputados en el caso sigue trabajando en la empresa. En marzo se puede acoger a un plan de prejubilaciones. 

el 01 oct 2009 / 20:41 h.

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Daniel Ponce, uno de los principales imputados en el caso Mercasevilla sigue trabajando en la empresa, aunque apartado de su cargo director adjunto. El despido es demasiado caro. Si no se produce en marzo de 2010 podrá acogerse a un plan de prejubilaciones que firmaron 63 trabajadores en el marco de un ERE. Si la empresa lo permite podrá cobrar un máximo de 33.804 euros al año.


La voz de Daniel Ponce es una de las que se escucha en las grabaciones de la supuesta petición de comisiones al Grupo La Raza que dieron origen al caso Mercasevilla. Cuando se difundió públicamente, no antes, fue apartado de sus funciones directivas y de responsabilidad. Pero no fue despedido. Ahora tiene abierto un expediente, después de las irregularidades detectadas en la auditoría de Deloitte, cuyo plazo de alegaciones se cierra hoy. Pero la empresa no tiene claro su despido: puede ser más caro que mantenerlo en su puesto, dado que no hay una sentencia firme y que podría tener que seguirle pagando durante la duración del proceso que se puede prolongar aún durante varios años. Esta es la lectura que realiza el Gobierno local, respaldado, según su versión por los servicios jurídicos.


Para el PP, en cambio, como detalló ayer su edil Beltrán Pérez, hay un trato de favor con este imputado que responde a una especie de “pago por su silencio”. La oposición lo enmarca además en el contexto del Expediente de Regulación de Empleo firmado en 2007, investigado por la Justicia, en el que participaron asesorías a las que se realizaron pagos sin el control debido de la comisión ejecutiva y el consejo de administración; y que fue aprobado por la Delegación de Empleo, cuyo titular, Antonio Rivas, es uno de los imputados por supuesta petición de comisiones a La Raza.

El PP hizo ayer sus cuentas para difundir lo que calificó como “escándalo”. Si el acuerdo del plan de prejubilaciones aprobado con motivo del ERE contempla para las personas de entre 50 y 53 años la cobertura del 89% de su salario hasta los 65 años, cuando Ponce se acoja a él, en marzo de 2010, podrá disponer de unos 4.800 euros al mes. 865.000 euros en quince años, dado que cobraba 5.488 euros, según los datos del expediente de 2007. Pero los cálculos del PP difieren de los realizados por este periódico. En la documentación del Expediente de Regulación de Empleo se aprueba garantizar a los empleados de entre 50 y 54 años “el 89% del Salario Neto Mensual de la base reguladora anterior a su jubilación”. Esto es, no de sus ingresos, sino de su cotización a la Seguridad Social. El tope en este caso, según el Ministerio de Trabajo e Inmigración, son 3.166 euros al mes, lo que conlleva que podrá percibir un máximo de 33.804 euros al año: 507.060 en quince años. Eso siempre que mantenga los ingresos de 2007, y no haya bajado su sueldo al ser relegado de funciones, situación que no confirmó el Ayuntamiento. En cualquier caso, la cifra es una prejubilación alta para una persona imputada en un caso de cobro de comisiones y que próximamente será denunciado también por delitos societarios, según anunció ayer el PP. Sobre todo, teniendo en cuenta que él estuvo en la mesa de negociación de este expediente con el comité de empresa y que la fecha límite para acogerse a este plan es en abril de 2010, un mes después de que él cumpla la edad permitida para acogerse  a él.

Pese a esto, que logre este dinero o no está en manos del Ayuntamiento. Aunque inicialmente se acogieron 63 trabajadores al ERE, según fuentes consultadas, no se ha aprobado ninguna prejubilación desde que se inició la investigación judicial. Es voluntario. Si el trabajador y la empresa quieren, se puede acoger al ERE. Si una de las dos partes no quiere, puede invalidarse. Además, la empresa sólo abona la diferencia entre la prestación por desempleo y la cifra acordada. Mercasevilla tiene ahora varias opciones. Por un lado, mantener a Daniel Ponce en su trabajo actual  hasta que haya una sentencia firme que permita despedirlo sin indemnización. La segunda vía es actuar pese a que el proceso no haya concluido y aguardar que no haya una sentencia por despido improcedente y una  indemnización. La tercera opción es aguardar a marzo  y permitirle la prejubilación. El PP ya alertó ayer: es un “escándalo” que cobre durante 15 años sean sus ingresos de 507.000 o de 865.000 euros. 

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