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El crimen machista de Málaga degenera en trifulca política

Gobierno y ayuntamiento se reprochan no haber asistido a la mujer asesinada por su ex pareja, que tenía una orden de alejamiento pero le fue denegada la teleasistencia móvil. Su asesino fue condenado por maltrato pero se le conmutó la cárcel por un curso.

el 16 feb 2011 / 20:30 h.

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La muejr fue asesinada en plena calle, donde su agresor la esperaba a que volviera de dejar a su hija en el colegio.
El asesinato de una mujer de 37 años en Málaga a manos de su exmarido ha degenerado en una trifulca política: el Ayuntamiento malagueño acusó ayer al Gobierno central de haber "denegado" la ayuda de teleasistencia que solicitó la víctima, y el delegado del Gobierno contra la Violencia de Género, Miguel Lorente, respondió que esas ayudas no están pensadas para alertar a la Policía. El PP ha pedido la comparecencia en el Congreso del ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y la de Sanidad e Igualdad.

 

La muerte a puñaladas de Susana G.A. frente al colegio de sus hijas es el undécimo asesinato machista en lo que va de año (el cuarto en Andalucía). Pero también es el primero en el que la víctima había denunciado al maltratador, como piden insistentemente las autoridades, lo cual no le sirvió para eludir la muerte. Eso ha propiciado que las administraciones y partidos políticos, que en otras circunstancias habrían hecho piña para censurar juntos la violencia machista, hayan optado por señalarse mutuamente.

Tanto la concejal de Igualdad de Málaga, Gemma del Corral, como Lorente se escudaron ayer en documentos para justificar su parte de responsabilidad en el suceso. El servicio de teleasistencia móvil lo aprueba el ministerio, pero lo gestionan los ayuntamientos. La solicitud de Susana se tramitó el 22 de julio, pero le fue denegada el 4 de agosto por considerar que el nivel de riesgo era bajo, según demostró ayer la concejal. Lorente explicó que en la solicitud de Susana faltaban datos y que se devolvió al Ayuntamiento de Málaga para que completasen la documentación, pero ésta nunca llegó.

La consejera de Igualdad de la Junta, Micaela Navarro, fue la tercera en entrar en el debate, censurando el resultado con independencia de que el Gobierno o el Ayuntamiento tuvieran parte de responsabilidad en lo ocurrido: "No se puede permitir que una mujer que ha presentado una denuncia termine siendo asesinada. Es gravísimo que por un error en el formulario hoy se esté hablando de un nuevo asesinato".
fallos de seguridad. Susana G.A. había denunciado en los juzgados y solicitado ayudas de protección al Gobierno. El agresor había sido condenado por un delito de amenazas y maltrato, tenía una orden de alejamiento y eludió la cárcel participando en cursos de adaptación en materia de igualdad (asistió a ocho clases). Ambos seguían las indicaciones, la hoja de ruta que marca Igualdad para prevenir los malos tratos, pero no sirvió de nada. Lo dijo el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, el día antes: "Algo ha fallado esta vez". Entonces Rubalcaba no se refería tanto a los fallos burocráticos como a los errores de seguridad: el hombre se saltó la orden de alejamiento para apuñalarla y la mujer no tenía nada ni a nadie a mano para defenderse.

Todos coincidían ayer en que había suficientes indicadores para anticiparse a un desenlace como la muerte de Susana. El supuesto asesino había amenazado a su exmujer en dos ocasiones, una telefoneando a su madre y otra por correo electrónico. "Ya lo tengo todo perdido, yo iré a Alhaurín (carcel de Málaga) pera a ella me la llevo por delante", le había dicho a su madre. "No sigas jugando conmigo que la próxima vez no vas a escapar de una pieza", rezaba su email. Poco después se la encontraría por la calle, la agarró del cuello de la camisa y la empujó causándole lesiones. "¿Tú qué te crees?, ¿que te vas a llevar a mi hija y yo me voy a quedar como si nada, pagándote la manutención?", le espetó.

Ella lo denunció todo en los juzgados. Por las amenazas, su exmarido fue condenado a ocho meses de prisión y la prohibición de acercarse a menos de 500 metros durante 32 meses y la privación de la tenencia de armas durante 16 meses (el hombre tenía una escopeta de caza). Por el maltrato fue condenado a seis meses de cárcel y la prohibición de comunicarse con su exmujer durante 16 meses. La sentencia no le impidió cometer el crimen.

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