D. C.
De repente, en una semana trascienden dos crímenes juveniles que parecen clónicos, con idénticas víctimas e idénticos culpables, con escenas similares y que parecen concluir de la misma forma: con el hundimiento de las niñas que fueron violadas por sus amigos, y la aparente impunidad de los jóvenes agresores. Y la sociedad se resiste a digerir estos sucesos por separado, como algo "excepcional", como pide el Gobierno.
Pero, tampoco lo hacen las fuerzas de seguridad que se encargan del caso. Fuentes de la Guardia Civil de Huelva aseguraron a El Correo que "la violación de Baena ha influido en los agresores de Isla Cristina, no es casual que cuando se hacen públicos los detalles de un crimen así, como pasa con la violencia doméstica, al poco se repita un suceso calcado".
¿Eso es cierto? O quizá, la violación de una niña a manos de siete jóvenes en un pueblo pequeño, donde todo el mundo se conoce, hubiera sido ocultada por las víctimas hace unos años. Por vergüenza, por miedo a las habladurías, por la misma razón por la que un alto porcentaje de víctimas de violencia machista acaba retirando las denuncias. "A veces, más doloroso que el hecho en sí, es que se sepa", explicaban fuentes de Fiscalía, aunque esta vez las madres de las víctimas han dado la cara.
Lo inverosímil de la historia: que un chaval que aún no ha terminado la escuela pueda violar a una compañera de clase no hace que la gente se plantee, en masa, cambiar la educación de los menores para prevenir estos actos, pero sí piensan rápidamente en cambiar la ley, en endurecer los castigos. Pocos saben que la misma Ley del Menor, aunque no pueda enjuiciar a estos menores de 14 años, tiene mecanismos para que la Administración los someta a programas socioeducativos para encontrar el origen de esa violencia.
