Julia Córdoba / Manuel Rico
El cuarto año de sequía consecutivo ha multiplicado por cuatro los expedientes sancionadores abiertos por la apertura de pozos ilegales en el Guadalquivir. El año pasado el órgano gestor de la cuenca realizó 607 sanciones por extracción ilegal de agua subterránea, casi cuatro veces más que el año anterior (159).
Este aumento en 448 expedientes abiertos entre un año y otro (un 282%) supone un cifra récord en la cuenca, cuyos recursos hídricos subterráneos están al límite: "Ya casi no hay agua y casi todos los acuíferos están cerrados", explica Javier Serrano, comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), quien hace un año ya previó que las sanciones por pozos ilegales se duplicarían. De estos expedientes, tres han acabado en sanciones muy graves -una en Granada y dos en Sevilla-, cuyos infractores se enfrentarán a multas de hasta 600.000 euros.
De todas las sanciones, la provincia de Sevilla volvió a ser el año pasado, como ocurrió en 2006, la más expedientada: la CGH impuso una de cada tres (227 del total de 607) en esta provincia. En Jaén, donde hace dos años sólo se contabilizaron cinco sanciones, en 2007 éstas se elevaron hasta las 157. Esta provincia, donde nace el Guadalquivir, es de toda la cuenca la que padece una situación más crítica en cuanto a escasez de agua. Incluso, la Confederación tuvo que imponer sanciones en provincias como Badajoz y Ciudad Real, donde habitualmente no suceden estas irregularidades debido a que apenas tienen necesidades de riego agrícola.
Y la situación aún podía haber sido peor, según añade Serrano, de no haberse firmado a principios de 2007 un acuerdo entre la Confederación -dependiente del Ministerio de Medio Ambiente- y la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía para poner coto a nuevas concesiones y evitar también atajos a la legalidad a los que algunos agricultores han venido recurriendo para extraer aguas subterráneas, aunque de forma igualmente irregular.
Para construir un pozo son necesarios dos permisos: uno para la obra, que lo concede Minas; y otro para la extracción del agua, que lo da la Confederación. El acuerdo entre ambas instituciones alcanzado el año pasado estableció que Minas no concedería permisos de obras a ningún agricultor que no tuviera previamente la concesión de agua por parte de la Confederación.
reparto por provincias. El pasado año fue Sevilla, de largo, donde la CHG abrió más expedientes sancionadores, con 227, en 30 de los cuales se clausuró el pozo de manera inmediata. Tras la provincia sevillana le siguen Jaén y Granada (con 157 y 100 expedientes, respectivamente), mientras que en Almería (1), Cádiz (2) y Málaga (3), fue donde se impusieron menos sanciones por extraer ilegalmente agua subterránea. Precisamente, las provincias de Sevilla y Jaén destacan por su elevada cantidad de pozos domésticos, empleados, sobre todo en esta última, para el cultivo del olivar.
Ante este mapa sancionador en el Guadalquivir, Serrano sitúa las zonas hídricas de máxima tensión debido a la escasez de agua "en Doñana, por la fresa; la loma de Úbeda, debido a las 35.000 hectáreas de olivar; y algunas zonas de Granada, por la producción de hortalizas".
La situación es crítica: "Hay agua para riegos permanentes, árboles y poco más. Para el arroz no hay porque no da ni para desplazar la sal del río", asegura Serrano. Las reservas han permitido que los tres primeros años de escasez los usuarios hayan sobrellevado la situación, pero "este año no hay prácticamente agua".