La sentencia, que se publica en medio del juicio contra los cuatro adultos implicados, considera la solicitud de la Fiscalía de que los inculpados costearan los rastreos en el río y en el vertedero. "Su conducta ha consistido en ayudar a deshacerse del cuerpo de Marta, para impedir su descubrimiento, habiendo manifestado que fue arrojado al río", señalan los magistrados. "Esta actuación ha generado gastos para su búsqueda. Esto unido a su conducta posterior y su negativa a colaborar en el descubrimiento del cuerpo, negando los hechos y su participación, justifica sobradamente que él y sus padres corran con los gastos", concluye.
La Sección Tercera de la Audiencia considera como perjudicada "a la Administración General del Estado, no por el silencio del menor, sino porque éste ha contribuido, con la ocultación del cuerpo y sus manifestaciones reiteradas, al despliegue de medios materiales en averiguación del paradero del cuerpo, hasta ahora, sin resultado positivo". Sin embargo, la cantidad reclamada "no incluye" los gastos de la búsqueda en el vertedero, de ahí que sea inferior a los 616.000 euros que solicitaba el fiscal, "porque hasta este lugar se desplazaron los efectivos no por afirmaciones del menor", sino de Miguel Carcaño.
Los más de 400.000 euros se repartirán entre las administraciones que participaron en el rastreo del río. Así, establece que la Jefatura Superior de Policía recibiría 85.115.98 euros; la Comandancia de la Guardia Civil, 98.336 euros; el Puerto, 38.085,84 euros; 151.717,86 euros, para la Unidad Militar de Emergencias (UME); más 41655.11 euros el Ayuntamiento.
De esta forma, la Audiencia rechaza tanto la petición de las acusaciones de condenar al menor por violación y asesinato y de la defensa, que reclamaba la absolución. El fallo concluye que "es correcta la condena por encubrimiento", ya que su participación está "acreditada" por su "declaración autoinculpatoria" y por el "hallazgo de perfil genético del menor mezclado con el de Marta" en la habitación de Miguel.
En este sentido, comparte todos los argumentos esgrimidos por la anterior sentencia, en la que se descartó como prueba la declaración de Carcaño en la que confesó que él y el Cuco violaron y asfixiaron a Marta. Los magistrados de la Audiencia critican, como ya hiciera el juez de Menores, al Ministerio Público por no ratificar dicho testimonio en el procedimiento contra el Cuco. "No existe razón justificativa para que la Fiscalía no haya tomado declaración al coimputado en el expediente de reforma seguido contra el menor", explica la sentencia, que recuerda que esto impidió al abogado del menor "realizar las preguntas que hubiera estimado oportunas", máxime cuando Carcaño estaba imputado al menor delitos de gravedad. La "simple lectura" en el juicio de la citada confesión (pues Miguel se negó a declarar) "no subsana" la vulneración al derecho de contradicción que supone para la defensa del Cuco.
Al margen de la validez de la prueba o no, los magistrados destacan la "nula credibilidad que puede concederse a quién no es es firme ni rotundo en su relato de los hechos y personas participantes". Así, cuestionan que este relato sea más válido que otros e insisten en que el hecho de que se haya localizado ADN del Cuco mezclado con el de Marta "lo único que prueba es que el menor estuvo en el lugar" pero no que violara o matara a Marta.
Contra la sentencia no cabe recurso, con lo que el juez de Menores deberá ordenar su reingreso en un centro, ya que se encuentra en libertad desde junio. No obstante, habrá que descontarle los nueve meses que ya estuvo internado y parte de los 19 meses del piso tutelado. Será el juez el que decida cómo computa este tiempo, ya que se trata de un régimen de semilibertad.
El abuelo de Marta, José Antonio Casanueva, dijo ayer que la familia "está muy decepcionada con este fallo", pues "estará en la calle en 15 días". Además, dijo que la Audiencia "ha querido taparnos la boca" al condenar al acusado a pagar la búsqueda. Por su parte, el abogado del Cuco, Fernando de Pablo, insistió en la "inocencia" del menor, por lo que lamentó una sentencia por encubrimiento, pese a que le absuelva de violación y asesinato.
