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El Cuco quedará en libertad en marzo de 2013

el 16 abr 2012 / 12:37 h.

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La Audiencia Provincial de Sevilla ha confirmado la decisión  adoptada por el Juzgado de Menores número 3 de Sevilla para que el  'Cuco', que fue condenado a dos años y once meses de internamiento   seguido de un mes de libertad vigilada por un delito de encubrimiento  en relación al caso de Marta del Castillo, permanezca interno en un  centro de menores hasta el día 8 de marzo del año 2013, fecha en la  que quedará en libertad.  

En un auto dictado el pasado día 13 de abril, al que ha tenido  acceso Europa Press, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial  rechaza los recursos presentados por la acusación particular y por la  Fiscalía de Menores, que entendía que la estancia del 'Cuco' en un  centro se debía prolongar hasta mediados de septiembre de 2013, ya  que el condenado "no ha colaborado de manera activa para esclarecer  los hechos y evitar el dolor añadido causado".

El juez de Menores número 3, Rafael Cuerda, acordó que cada tres  días de los que el 'Cuco' pasó en un piso tutelado -convivencia con  grupo educativo- debían computar como un día en centro cerrado, y  determinó, en contra del criterio de la Fiscalía y de la acusación  particular, que cada seis días de los que estuvo sometido a la orden  de alejamiento de 50 kilómetros respecto a la familia de Marta  computaran como un día de internamiento.

El Ministerio Público recurrió la decisión del juez de Menores e  interesó que cada seis días en el piso de Puerto Real (Cádiz) donde  permaneció el 'Cuco' computaran como uno en un centro, mientras que  la acusación particular que ejercen los padres de Marta del Castillo  solicitó que cada cuatro días en el piso tutelado se abonaran como un  día de internamiento en régimen cerrado.  

Pues bien, la Audiencia Provincial confirma la decisión del juez  de Menores, ya que ha fijado una compensación empleando "criterios  que compartimos" y a través de un razonamiento que "no puede ser  considerado ilógico o arbitrario", pues, en primer lugar, "no  consideramos que la medida de convivencia en grupo educativo, en  cuanto a gravedad, pueda ser catalogada por debajo de la medida de  libertad vigilada".  

Así, en ésta última el menor "continúa en libertad con su familia  y en su propio domicilio; en definitiva, es un sistema de control que  deja al menor en su entorno familiar bajo la supervisión de un  educador con el fin de que adquiera las habilidades, capacidades y  actitudes necesarias para un correcto desarrollo personal y social",  mientras que la estancia en el piso "obliga al menor a convivir  durante el periodo establecido con una persona, familia distinta a la  suya o con un grupo educativo fuera de su domicilio a fin de que  adquiera pautas socioafectivas y prosociales".

"RESTRICCION DE DERECHOS"  

Al hilo de ello, la Audiencia Provincial confronta que, mientras  en la libertad vigilada el menor "no abandona familia ni entorno  social y la relación con el educador no es tan intensiva", durante su  estancia en el piso tutelado "abandona familia, domicilio y entorno  social, y las salidas son controladas por la dirección del centro".  "La libertad vigilada no supone privación de libertad de movimientos,  mientras que la convivencia sí restringe la capacidad de movimientos  en tanto obliga a residir fuera del entorno familiar", apostilla.  

Por ello, considera que "la restricción de derechos" que para el  'Cuco' "ha supuesto la convivencia en grupo educativo ha sido  manifiestamente superior a la que hubiera significado el cumplimiento  de una medida de libertad vigilada", y abunda en que "es evidente"  que la primera de las medidas "en cuanto a privación de libertad es  de entidad superior al cumplimiento de la medida de libertad  vigilada". Por ello, considera "razonable y proporcionado" que cada  tres días de los que pasó en un piso tutelado computen como un día en  centro cerrado.  

Asimismo, alega que "las circunstancias de gravedad del hecho, el  daño a la víctima, la ausencia de arrepentimiento, no asumir el hecho   y la ausencia de interiorización de objetivos que se pretendía con la  medida, no son cuestiones que deban interferir en la compensación",  ya que no están contempladas en la Ley del Menor y la gravedad y el  daño aludidos "ya fueron tenidas en cuenta a la hora de fijar la  medida impuesta" en la sentencia.  

NO TIENE EN CUENTA EL QUEBRANTAMIENTO
 

En relación al quebrantamiento de la medida cautelar de  alejamiento, la Audiencia Provincial entiende que "dará lugar a la  apertura del correspondiente expediente, pero no tendrá efectos  contraproducentes para la compensación", y en relación a la  responsabilidad civil y la falta de colaboración en el  esclarecimiento de los hechos apuntadas por Fiscalía y acusación  señala que "no son factores determinantes de una compensación más  restrictiva.

"La compensación deberá resolverse teniendo en cuenta,  exclusivamente, la restricción de derechos que comporten las medidas  a compensar, porque este parámetro es el más justo, mientras que los  otros dependen de las medidas económicas, que en el caso presente se  antojan insuficientes o nulas o son ajenos --en el caso de la  ausencia de colaboración-- a la cuestión que se dilucida", prosigue,  añadiendo que el propio fiscal, en un escrito de diciembre de 2010,  "admite que, salvo alguna incidencia, el menor está teniendo un  comportamiento adecuado en piso de convivencia, y los informes  técnicos de seguimiento acreditan una evolución carente de incidentes  de relevancia".  

Por último, los magistrados ponen de manifiesto que la decisión  del juez de Menores en cuanto a que cada seis días de los que estuvo  sometido a la orden de alejamiento de 50 kilómetros respecto a la  familia de Marta computen como un día de internamiento, "nos parece  razonablemente justificada y proporcionada, porque esta medida  cautelar supuso la obligación de convivir en un centro a más de 100  kilómetros de su domicilio, y ello comporta imposibilidad o  limitación sensible de que, en los permisos, pueda volver a su ciudad  y su entorno, con limitación de sus derechos que, necesariamente,  deben ser compensados".  

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