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El cumplimiento de un compromiso de tintes históricos

El acuerdo firmado ayer en la sede del Ministerio de Administraciones Públicas del Paseo de la Castellana tiene una extraordinaria importancia para Andalucía desde el punto de vista financiero, pero casi tan sustancial como su valor monetario (1.204 millones) es el pacto en sí mismo...

el 16 sep 2009 / 00:06 h.

El acuerdo firmado ayer en la sede del Ministerio de Administraciones Públicas del Paseo de la Castellana tiene una extraordinaria importancia para Andalucía desde el punto de vista financiero, pero casi tan sustancial como su valor monetario (1.204 millones) es el pacto en sí mismo, la firma suscrita por los representantes de la comisión bilateral que ha negociado uno de los conflictos más enquistados en la historia democrática de este país: la deuda histórica con Andalucía.

Conviene hacer un ejercicio de memoria para calibrar el consenso alcanzado. En 1981 se incluyó en el Estatuto de Autonomía una disposición en la que se reclamaba a la Administración Central el pago de una cantidad en compensación por los servicios prestados por la Junta en materia de sanidad, servicios sociales y educación sin haber dispuesto de los recursos correspondientes transferidos desde Madrid. Tiempo después, esta partida se cifró en 1.148 millones de euros, pero nunca se pagó la cifra completa. Aznar anticípó 120 millones en 1997 y Zapatero desembolsó otros 300 en 2008, pero la deuda principal seguía ahí, como prueba irrefutable de que aún quedaba por cerrar uno de los flecos más importantes de la construcción de la autonomía andaluza. Han tenido que pasar casi tres décadas y casi una decena de gobiernos por la Moncloa para que se cerrase la herida.

La firma de ayer, por la que se acuerda el pago de la deuda del Estado con Andalucía antes del 20 de marzo de 2010, acaba con un conflicto enquistado. Y tiene también otros efectos colaterales muy beneficiosos. De momento, entierra un problema que no dejaba de tener una influencia perniciosa en el debate político andaluz, tanto en el ámbito interno interno como en el externo.

En el interno, porque viciaba cualquier contencioso con el Estado y servía de arma arrojadiza entre el partido de Gobierno y la oposición cada vez que se abordaban materias ligadas a la financiación de la comunidad. Y, en el externo, porque se utilizaba por políticos de otras comunidades para denunciar un supuesto agravio comparativo con Andalucía.

Ahora puede que regresen las quejas victimistas, pero estas protestas de corto alcance tienen ya poco recorrido y, en todo caso, se sustanciarán en reclamaciones de otras deudas históricas que seguro que empezarán a proliferar, como demuestra el hecho de que ya hay reclamaciones similares en seis regiones españolas.

Para Andalucía, lo importante es que el acuerdo está cerrado, incluido su compromiso de pago, algo que hay que valorar en su justa medida poniéndolo en contexto. Si hace seis meses se criticaba desde estas mismas páginas el retraso en el pago de la deuda por la falta de acuerdo en la fijación del dinero y se decía que el Estado había incumplido su compromiso con Andalucía, ahora es de ley el reconocimiento de que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha respondido a la reclamación prevista en la disposición adicional segunda del Estatuto andaluz.

Y, del mismo modo, no se puede dejar fuera del análisis el momento en el que se ha satisfecho este compromiso: en medio de una crisis de proporciones gigantescas, que obliga al empleo de la mayoría de los recursos públicos en proyectos destinados a paliar los efectos del derrumbe económico, y en puertas de una negociación del nuevo marco de financiación de las comunidades autónomas.

Cualquiera habría entendido que un momento tan excepcional como éste desaconsejara un acuerdo como el de la deuda histórica andaluza, pero el Ejecutivo de Zapatero ha sabido comprender que la opinión pública de la comunidad no podía esperar por más tiempo que se cumpliera con una reivindicación fijada con letras gruesas en su estatuto.

La oposición de PP y de IU podrá seguir ahora en su discurso de extremos asegurando que la cantidad acordada con el Estado es un insulto para los andaluces y que la reclamación, como decía ayer Javier Arenas, se ha cerrado de forma "tétrica", pero será difícil que estas declaraciones tremendistas cuajen en una opinión pública que ve cómo ahora, en plena crisis, le llegan a Andalucía 780 millones provenientes de una deuda de hace casi 30 años.

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