Las recientes detenciones de presuntos etarras, así como la localización de varios zulos con explosivos, han puesto de manifiesto, además de la eficacia de los cuerpos de seguridad, la realidad de la amenaza de la banda terrorista. Con su lógica criminal intentaba de nuevo causar la muerte y sembrar el miedo para conseguir unos objetivos políticos vinculados a la defensa de una identidad al parecer incompatible con la de otros. Y esta finalidad hace aún más perversa las acciones de estos delincuentes; más perversa porque quieren arrogarse una legitimidad usurpando conceptos y nociones que tienen otro significado.
Desde Quito, donde me encuentro escribiendo este artículo, esta afirmación cobra aún más valor. Se ha elaborado en Ecuador un nuevo proyecto de Constitución que pronto se someterá a referéndum. Al igual de lo que ya ocurriera en Bolivia, la apertura de un nuevo proceso constituyente ha obedecido a la necesidad de que sectores importantes de población con identidad propia participen del pacto constitucional del que habían sido excluidos en los dos siglos de vigencia de la República.
Por ello, más allá de la conveniencia de elaborar un nuevo texto fundamental que se adaptara a los requerimientos de una sociedad dinámica, la cuestión de fondo de estos procesos es la incorporación de estos colectivos al acto originario de fijación de las reglas que han de regir la convivencia social e institucional.
Se trata entonces de adquirir una ciudadanía plena que refleje la diversidad de los habitantes de estos países, incorporando al diseño constitucional sus señas de identidad. Hablamos pues de derechos ancestrales de las comunidades indígenas, que han mantenido durante siglos su propia cosmovisión ante la ignorancia cuando no el desprecio de la cultura dominante, que la ha tachado de arcaica e incluso de salvaje, en la dialéctica entre civilización y barbarie de sobra conocida.
Sin embargo esta presencia en primera línea de la política de aquellos que fueron olvidados, se ve desde Europa como un paso atrás en el progreso de estos países. No hay más que consultar los comentarios que se hacen acerca de los textos constitucionales aprobados, las crónicas que se realizan acerca de los movimientos de los indígenas, o las opiniones políticas que se vierten sobre sus protagonistas. La Europa del progreso y del bienestar, la Europa del pensamiento humanista, no acaba de comprender estas identidades porque desde su prisma unificador no encajan la diversidad que propugnan estas comunidades.
Y resulta que esa Europa que con tanta suficiencia analiza los movimientos indígenas o negros en su lucha por adquirir su ciudadanía, se apropia para sí del concepto de identidad hasta llegar a construir una torre de Babel donde cada día resulta más difícil entenderse, aunque habría que decir también que cada día resulta más difícil de entender, porque en este juego de las identidades no está en liza la noción de ciudadanía que todos disfrutan, sino el mantenimiento de privilegios que nada tienen que ver con la lengua, la genética o la cultura, sino con una deriva histórica que ha colocado a algunos en una posición de superioridad económica que se quiere mantener con los más variados pretextos.
Rosario Valpuesta es catedrática de Derecho Civil de la Pablo de Olavide.
