Cayetano García de la Borbolla, Emilio Soto y Adolfo Cuéllar.
La directiva de la agrupación de béticos de base Por Nuestro Betis que preside Cayetano García de la Borbolla se reunió anoche para tratar sobre la convocatoria inminente de una Junta Extraordinaria de Accionistas, algo que ya aprobaron en asamblea sus miembros el pasado mes de noviembre al no ser incluido en el orden del día de la Junta Ordinaria un punto para debatir sobre los activos y los patronos vitalicios de la Fundación Real Betis.
En esta Junta Extraordinaria PNB piensa pedir al actual consejo explicaciones detalladas sobre los gastos externos del club y sobre los pormenores que han propiciado la salida de José Antonio Bosch como consejero, que a su vez ha pedido a la jueza Alaya el cese como administrador judicial.
Dadas las actuales circunstancias y el posible nombramiento de un nuevo administrador judicial, PNB quiere introducir en el orden del día un punto para tratar sobre la renovación del consejo, que seguramente sufra una notable remodelación tras el nombramiento de un nuevo administrador judicial. El punto más interesante para los aficionados, sin embargo, será el que trate sobre el cambio de naturaleza jurídica de la Fundación Real Betis Balompié. PNB, que en este asunto va de la mano con Béticos por el Villamarín, pretende que ésta pase a ser una Asociación de Béticos compuesta por todos los abonados del Real Betis, con el fin de que sean ellos quienes controlen las acciones que se le están discutiendo a Lopera en los distintos procesos judiciales, caso de que el litigo sea favorable a los demandantes.
En el Juzgado de lo Mercantil se litiga por la titularidad de un paquete de 36.869 acciones que, presuntamente, no fueron pagadas en su día por Lopera. Caso de que el juez dé la razón a los demandantes sobre la nulidad de esa compra, las acciones serían puestas a la venta, bien prorrateándose entre los antiguos accionistas (el propio Lopera entre ellos) o entre los actuales abonados del Real Betis, sindicados en esta nueva asociación, que es lo que pretenden PNB y BxV. Esta determinación debería tomarla el juez de lo Mercantil y sería una de las claves del nuevo mapa accionarial del Betis del futuro. La idea de PNB y BxV, que también comparte, con ligeros matices, la Liga de Juristas Béticos, es que las acciones que puedan recuperarse en este proceso judicial queden lo más atomizadas posible entre los béticos. A PNB y BxV les preocupa que la actual Fundación del Real Betis y sus patronos se quedasen con el control de las acciones si éstas tuvieran finalmente un precio muy elevado (se llegó a hablar de 450 euros cada una) que no podrían ser adquiridas por los béticos. Las plataformas pretenden que sean puestas a la venta a su valor nominal entre todos los abonados (sean o no accionistas), cargando una cuota en el abono anual de unos 60 euros o ligeramente superior, fruto de dividir las 36.869 acciones en litigio entre el número de abonados, que hoy por hoy son más de 33.000.
De ese modo, la Asociación de Abonados pasaría a controlar un 31% aproximado del accionariado total del club, con el que, con apoyos puntuales de otros accionistas, se podría gobernar la entidad. A Lopera le quedaría poco más de un 20% en su poder. El Betis seguiría siendo una SAD pero realmente estaría controlado por sus abonados, no por el capital.
Eso, claro está, si se gana la demanda en los juzgados, pues de lo contrario las acciones volverían a poder de Lopera o quien sabe si de Luis Oliver, que supuestamente se las compró el 7 de julio de 2010.
Esta noche, tras el partido con el Athletic, se reúnen miembros de PNB, BxV y la Liga de Juristas para analizar el nuevo escenario creado tras la marcha de Bosch y estos asuntos que les contamos. En esa reunión se debe decidir también si se convoca definitivamente la Junta General Extraordinaria y los puntos del orden día que se tratarían en la misma.
También cabe la posibilidad de que el Juzgado de lo Penal levante en breve las medidas cautelares sobre el 51% de las acciones de Lopera, en cuyo caso desde BxV ya han anunciado la intención de pedir las cautelares en el Mercantil por las 36.869 que se litigan, lo que exigiría depositar una fianza de 221.582,69 euros.
