El Gobierno andaluz confirmó ayer que la presidenta Susana Díaz no comparecerá en la Cámara antes de que finalice el actual periodo de sesiones y que el debate sobre el estado de la comunidad se aplaza a septiembre. Esta decisión fue rápidamente tachada por el PP como un «fraude» y un «escandalazo político». Desde el Ejecutivo aseguran que la decisión no tiene nada que ver con el proceso orgánico que vive el PSOE aunque la decisión se ha anunciado en plena convocatoria del próximo congreso federal y cuando aún no se ha despejado si Díaz optará a liderar el partido. El aplazamiento no incumple el Reglamento de la Cámara y es legal pero contradice lo que la propia presidenta anunció hace menos de un mes en un pleno parlamentario.
El pasado 15 de mayo, en respuesta a IU, Díaz recordó su compromiso de rendir cuentas en junio (PDF). «Ya lo hice en el mes de enero y antes de que finalice este periodo de sesiones lo voy a volver a hacer en el debate del estado de la comunidad. Creo, sinceramente, que eso es algo que debería de generalizarse en todas las administraciones de este país, pero en Andalucía se dijo y se hace. Creo que rendir cuentas es un elemento sano, que dignifica la política y que ayuda a recuperar el crédito y esa confianza», añadió.
El Reglamento del Parlamento establece en su artículo 147 que el debate del estado de la comunidad sobre la política general del Consejo de Gobierno se celebrará con carácter anual y durante el segundo período de sesiones. «No habrá lugar a celebrar este debate cuando en el mismo año la Cámara hubiese investido al Presidente o Presidenta de la Junta». Es el caso de Díaz, que fue investida presidenta en septiembre, no hace todavía un año. A eso se aferra el Gobierno para explicar que se celebrará en septiembre. Además Díaz durante su investidura se comprometió a ampliar sus comparecencias ante el Parlamento con un debate general cada semestre que cumplió en enero, poco después de su investidura. No hay dudas reglamentarias sobre la decisión de la presidenta pero sí queda sin explicar por qué ha cambiado de posición cuando en mayo dio por hecho que habría debate. Díaz, que ha abanderado la transparencia política en sus discursos, lleva días proclamando que no está «distraída» en el proceso orgánico del PSOE, que está «centrada» en Andalucía y que la comunidad es su «prioridad».
«Estamos en tiempo y forma», defendió el socialista José Muñoz, que acusó al PP de «no abandonar el fango, el trazo grueso y la mentira», por sus acusaciones. El portavoz popular, Carlos Rojas, tildó de «escándalo y fraude» al Parlamento el aplazamiento y lo achacó a la «ambición personal» de Díaz por liderar el PSOE. «Ha cambiado de opinión por sus intereses personales, supone una utilización y una falta de respeto al Parlamento», denunció Rojas. El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, aseguró que se trata de una «falsa polémica».
El último debate sobre el estado de la comunidad en Andalucía se celebró en junio de 2013, cuando el entonces presidente José Antonio Griñán, anunció que no volvería a optar a la Junta y precipitó su sucesión. La decisión de la presidenta de aplazar la principal oportunidad que tiene de rendir cuentas ante los andaluces no ha sido contestada por sus socios de Gobierno. Izquierda Unida puso en valor que vaya a comparecer en septiembre pese «a no estar obligada» por llevar menos de un año en el cargo y el portavoz parlamentario de IU, José Antonio Castro, consideró que estaba «dentro de la normalidad». Desde el Gobierno andaluz trataron de justificarse además con el ejemplo que entonces criticaron con dureza de MarianoRajoy, que fue investido en diciembre de 2011 y no celebró un debate del estado de la nación hasta febrero de 2013.
