El decreto de la construcción sostenible era uno de los grandes anuncios económicos del Gobierno andaluz de Susana Díaz. La presidenta desveló hace dos meses en el Parlamento un plan excepcional para rescatar a parados del ladrillo, el gran mal de una comunidad donde el pinchazo de la burbuja inmobiliaria ha dejado desde que estalló la crisis en Andalucía un total de 300.000 parados, la mitad de la tasa neta del desempleo andaluz. Ayer se dio luz verde a ese decreto, que cuenta con 200 millones de euros en ayudas directas a empresas constructoras y particulares para, fundamentalmente cambiar ventanas, pintar fachadas o revestir cubiertas. Un conjunto de «microactuaciones», según el consejero de Economía, José Sánchez Maldonado, que tendrá un impacto directo en el empleo. La Junta prevé la creación de entre 6.000 y 7.000 empleos directos. Pero el Gobierno no fue capaz de controlar los tiempos y la puesta en escena de una de sus grandes apuestas económicas se vio empañada tras comunicar el consejero, a preguntas de los periodistas, que ha admitido la dimisión «irrevocable» del director general de la Agencia Andaluza de la Energía, precisamente uno de los impulsores e ideólogos de la medida que ayer se aprobaba. El alto cargo Luciano González presentó su dimisión, según explicó el consejero, tras publicar El Confidencial que tenía una casa ilegal en la provincia de Málaga. En concreto, un chalé de 130 metros cuadrados en suelo no urbanizable con luz y agua pirateadas. Sánchez Maldonado evitó entrar en el fondo del asunto y dijo no saber si las informaciones eran verdad o no. «A la gente de mi confianza no le pido las escrituras de sus casas», alegó el consejero a preguntas de los periodistas, mostrándose además convencido de que este caso no afecta ni a su imagen ni a la de su Gobierno. El alto cargo cesado es del círculo de confianza del consejero y, según él mismo declaró, está entre sus amigos. Según dijo, Gómez le ha pedido «manos libres» para poderse defender donde considere adecuado sin dañar al Gobierno andaluz. Esta dimisión, que según fuentes del Gobierno ha sido prácticamente exigida por la presidenta de la Junta, Susana Díaz, para cortar de raíz el supuesto escándalo, dañó ayer la presentación de un decreto por la construcción sostenible que tuvo en Luciano Gómez uno de sus impulsores. El decreto ayer aprobado prevé 76.000 actuaciones para la rehabilitación de viviendas y a favor del ahorro energético en los próximos meses. En concreto, las ayudas estarán disponibles a partir del 1 de abril. Sánchez Maldonado calculó que este plan permitirá 556 millones de ahorro energético en los hogares andaluces donde se hagan las obras, que también se podrán desarrollar en iluminación exterior de carreteras. Se evitará la emisión de 167.000 toneladas de CO2 al año y se dispondrá en total un inversión de 430 millones de euros, sumando la iniciativa privada a los 200 millones de euros que saldrán del Presupuesto andaluz, en concreto de los fondos europeos Feder y Jeremie. Habrá dos líneas de subvenciones. A la primera podrán optar particulares y empresas para la adecuación energética de edificios, con proyectos a partir de 500 euros y que recibirán una ayuda de entre el 60 y el 80% de la inversión total. También se incluyen ayudas para empresas que opten por la construcción con energías renovables, con financiación entre el 40 y el 90% del coste. El procedimiento para solicitar la ayuda será «supersimplificado» y telemático, para hacerlo más ágil. La segunda línea son fondos reembolsables, préstamos a través de la agencia pública IDEA, para pymes y empresas de la economía social, hasta un máximo de dos millones de euros.