El decreto de reordenación del sector público, aprobado el pasado 27 de julio por la vía de urgencia, modificado posteriormente en un acuerdo entre la Junta y los sindicatos CCOO y UGT, y que entrará en vigor el 1 de enero de 2011, se ha convertido en el mayor conflicto en la calle para el Gobierno andaluz en los últimos años. Éstas son algunas claves de un texto que ha sido capaz de sacar a protestar a miles de funcionarios y que ha convertido muchos centros de la Junta en un polvorín.
¿POR QUÉ? Griñán anunció el pasado verano una reordenación de su sector público dentro de su plan de ahorro contra la crisis. Propuso suprimir 111 empresas públicas por fusiones o absorciones. Se agruparían bajo 14 grandes agencias públicas. La mayoría no desaparecerán. Aunque se vendió como una medida de ahorro, el Gobierno andaluz anunció, y mantiene, que no va a haber despidos de los trabajadores públicos. El ahorro, explica, radicaba en la supresión de 180 directivos y en la unificación de sedes en las provincias. La Junta ha defendido la necesidad de racionalizar un sector público que en los últimos 20 años se ha convertido en un gigante. Según el inventario del Ministerio, la Junta tiene 317 entes públicos (incluye por ejemplo las Universidades). La Junta rebaja el dato a 254. Los sindicatos de funcionarios (CSIF, SAFJA y USTEA) se quejan no sólo del fondo del decreto sino también de las formas y de que se haya eludido la negociación con ellos. El Gobierno asegura que tiene derecho a decidir cómo organiza su sector público y como han hecho otras comunidades.
AVISOS DE LA JUSTICIA. La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, quien lleva la batuta del decreto, ha admitido que existe también la necesidad de ajustarse a un nuevo mapa legal nacional y andaluz. Hay jurisprudencia que avisaba a la Junta de que su actual forma de repartir el trabajo entre las Consejerías y las empresas públicas no se ajustaba a la ley y podría suponer un mecanismo para eludir controles del derecho administrativo. El Tribunal Supremo anuló, diez años después y por un recurso de CSIF, un decreto de la Junta que adjudicaba nuevas competencias a su empresa Egmasa, una de las más polémicas. El auto del Supremo advertía de que había trabajos de "autoridad pública" que solo podrán ejecutar funcionarios de carrera y no personal contratado. De ahí la necesidad, admite la Junta, de que en la futuras Agencias convivan funcionarios y trabajadores externos. 3 trabajadores. En la administración y sus empresas conviven tres tipos de trabajadores: funcionarios, laborales y externos. Los primeros tienen su plaza por oposición y hay funciones que por ley solo pueden realizar ellos como autoridad pública. Sus condiciones salariales se rigen por un acuerdo marco que garantiza una tabla salarial, un horario y unos derechos iguales independientemente de donde ejerzan su tarea. Los laborales también han superado un proceso público de selección y sus condiciones de trabajo se ajustan a un convenio laboral común para la mayoría. Si bien, hay laborales en empresas públicas con convenios específicos. En tercer lugar están los trabajadores externos, contratados por los entes públicos siguiendo criterios de selección como los de la empresa privada. Son los que los funcionarios llaman "enchufados" y contra los que van sus protestas.
AFECTADOS. La reordenación afectará a un total de 2.069 funcionarios; 1.474 laborales y 19.933 externos. CCOO y UGT han dejado claro tras la reforma del decreto que funcionarios y laborales sólo podrán ser trasladados de forma voluntaria.
CONFLICTO. Los sindicatos de funcionarios, los que están liderando y promoviendo las protestas y que exigen la derogación del decreto, como CSIF o SAFJA, aseguran que esta reforma está destinada a convertir en funcionarios por la puerta de atrás a todos estos trabajores externos de las empresas públicas. Denuncian además que a través de las Agencias, constituidas bajo un régimen legal especial, se dejarán en manos de los trabajadores no funcionarios tareas reservadas para ellos. La Junta y CCOO y UGT niegan tajantemente que se vaya a cambiar la categoría laboral de estos trabajadores o que se privaticen servicios públicos. Nadie sin pasar un examen será funcionario. Pero los sindicatos de funcionarios se quejan de que ante un futuro concurso oposición estos trabajadores externos que tildan de "enchufados" puedan tener puntos frente a quien opte a una plaza desde la calle.
CONDICIONES. Según el acuerdo sellado entre la Junta, CCOO y UGT, los trabajadores que se trasladen a las agencias irá cada uno con su "mochila de derechos". Los funcionarios si quieren voluntariamente integrarse en las Agencias deben de pedir una excedencia y entrar en el nuevo organismo como laborales. Eso sí, acumularán puntos para un futuro concurso de méritos y podrán reincorporarse a su plaza cuando lo soliciten. Desde su creación hasta que toque negociar el futuro convenio colectivo de cada nueva Agencia, los trabajadores conservarán sus derechos según su categoría. ¿Y después? En el caso de los laborales, la Junta apunta a lo que decida el futuro convenio colectivo de cada Agencia. CCOO y UGT dicen que vigilarán en esas negociaciones.
RECURSOS. Los sindicatos, además del Partido Popular, ha recurrido el decreto. El TSJA está derivando los recursos al Constitucional. El Alto Tribunal ya ha admitido a trámite la denuncia del sindicato de funcionarios SAFJA. La justicia tendrá la última palabra.
