Sindicatos, empresarios y Junta analizaron ayer el decreto que regulará los campos de golf, que llega tras dos años de polémica, incluso entre las tres Consejerías implicadas. Las partes se mostraron dispuestas al acuerdo, sobre todo después de que se haya abierto una vía a la flexibilización de los requisitos para adaptar los campos existentes.
Los empresarios plantearon que se ampliara el plazo de dos años para la adaptación y se flexibilizaran algunos requisitos técnicos mediante la supresión de la disposición que regula esa adaptación. Sin embargo, ni la Junta ni los sindicatos se mostraron partidarios de eliminar esta disposición, según fuentes sindicales. A lo más que están dispuestos es a que se estudie cada caso de manera particular y aquellos campos que no cuenten con terreno suficiente para cumplir los requisitos espaciales -tales como que haya una distancia de 70 metros entre las calles y otros 70 hasta el edificio más próximo-, lo "compensen" con otras medidas aún por concretar.
Según fuentes sindicales, también podrían flexibilizarse los límites sobre las instalaciones necesarias para la actividad deportiva (tales como vestuarios, clubes...), que según el borrador no pueden ocupar más de mil metros cuadrados en los campos de 9 hoyos y 3.000 en los de 18 hoyos.
Sin embargo, sindicatos y empresarios coincidieron en reconocer la negativa de la Junta a incluirlos en la comisión técnica que concederá la categoría de "campos de interés turístico" -únicos en los que se permitirá la edificación con uso residencial-, comisión que estará integrada exclusivamente por representantes de la Administración (tres de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, uno de Medio Ambiente y otro de Obras Públicas).
En este sentido, el representante de UGT Andalucía en la Mesa, Rafael Navas, dijo sentirse "tranquilo" porque "los informes de Medio Ambiente y Obras Públicas serán vinculantes" para conceder a los campos dicha calificación y porque la Junta se ha comprometido a pasar los dictámenes de la comisión a la Mesa de Turismo.
Por su parte, el presidente de Promotur (promotores de turismo residencial y deportivo), Ramón Dávila, reiteró su desacuerdo con los requisitos "extremadamente exigentes" que impone el decreto -y que afirma no cumple ningún campo actual- tanto para la adaptación como para lograr la calificación de "interés turístico", pero reconoció que la "voluntad" de la patronal es "llegar a un consenso".
