El polémico decreto de parques naturales encara su recta final antes de ser aprobado en febrero por el Consejo de Gobierno. Ayer se sometió a un último trámite -se reunió el Consejo Andaluz de Medio Ambiente- en el que quedó patente la falta de consenso.
Los ecologistas, que avisan de que llevarán el decreto a los tribunales, siguen sin darle el visto bueno al documento porque insisten en que los intereses urbanísticos de los municipios ubicados en los 24 parques naturales andaluces prevalecen sobre la protección ambiental. La Junta, que ha tenido que redactar hasta cuatro borradores, niega la mayor y garantiza que no se perderá "ni un ápice" de la protección.
El decreto pretende agilizar algunos trámites administrativos en estos espacios protegidos porque, tal y como recordó ayer el consejero, José Juan Díaz Trillo, son también "fuentes de importantes riquezas". De hecho, asociaciones agrarias y empresarios pidieron en la reunión del Consejo avanzar hacia una mayor desprotección. Los ayuntamientos -por boca del representante de la FAMP Miguel Castellano- respaldaron el documento y los únicos que se descolgaron del consenso fueron los ecologistas. Siguen denunciando que los nuevos PGOU que aprueben los municipios dejan en suspenso los planes de ordenación de los recursos naturales (PORN) y los planes rectores de cada parque (PRUG), lo que podría dar vía libre al urbanismo descontrolado.
El temor de Ecologistas en Acción fue ratificado por el Defensor del Pueblo Andaluz, que avisó de que el decreto estaba mal redactado. El gabinete jurídico de la Junta emitió entonces un informe favorable al documento pero pidió que se afinara su redacción. El último borrador, que obtuvo el visto bueno del Consejo Consultivo, restringe la capacidad de acción de los ayuntamientos para decidir los suelos donde se puede construir pero incluye algunas excepciones que dependerán del informe favorable de la consejería.
A los ecologistas no les convence esta cláusula, que achacan a los "compromisos" del Gobierno con algunos municipios de cara a las elecciones de mayo. "Como siempre, todo queda a lo que decide el consejero o el delegado", afirmó a Europa Press la portavoz de la asociación, Lola Yllescas. El consejero manifestó que "no se puede estar pendiente de un aspecto que no es cierto" y garantizó el "respeto escrupuloso" del decreto a las leyes ambientales.
