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El Defensor acusa a la Junta de dar un permiso ilegal a Fertiberia

La autorización ambiental se otorgó sin el informe previo del Ministerio de Medio Ambiente.

el 07 jun 2010 / 20:16 h.

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Un voluntario de Greenpeace, en la balsa de fosfoyesos de Fertiberia.
La concesión de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) a la empresa de fertilizantes y productos químicos industriales Fertiberia por parte de la Junta de Andalucía el 29 de abril de 2008, que le permite continuar con su actividad en el Polo Químico de Huelva, fue "irregular" a juicio de la Oficina del Defensor del Pueblo Español. Así se desprende de un informe del gabinete que comanda el socialista Enrique Múgica, difundido ayer por la Agencia Efe, un texto en el que se pone de manifiesto que hubo "dilación" en la emisión del informe al que obliga la Ley 16/2002, redactado por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, preceptivo para dicha concesión. Cuando llegó el informe -que fue finalmente desfavorable-, la autorización ambiental ya había sido otorgada por la Junta, incumpliendo el obligado paso previo del veredicto ministerial.

 

El Defensor del Pueblo estatal considera que tal retraso de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar "no justifica el otorgamiento de la AAI" a Fertiberia S.A. por parte del Gobierno andaluz, pues entiende que la ocupación del dominio público marítimo-terrestre que precisaba la empresa para el desarrollo de la actividad objeto del permiso "es irregular" al no contar con la preceptiva concesión, al declararse caducada desde 2003 por Orden Ministerial. La resolución entiende que en todo momento la Delegación Provincial en Huelva de la Consejería de Medio Ambiente conocía esta circunstancia, esta ausencia de resolución, y es por ello que estima que la AAI "debía haber sido denegada".

Además, resalta el hecho de que se haya obviado la inexistencia de título de ocupación del dominio publico marítimo-terrestre, algo que es contrario a varios de los principios informadores del otorgamiento de autorización, y que se vulnere la Ley de Costas. Por tanto, el Defensor del Pueblo concluye que la autorización ambiental otorgada por la Junta a Fertiberia para el ejercicio de la actividad de la fábrica de ácido fosfórico y abonos fosfatados en el término municipal de Huelva "no es válida y debería ser revisada".

Además, la Defensoría ha solicitado a la consejería que comanda el onubense José Juan Díaz Trillo la emisión de un nuevo informe en el que indique cómo piensa proceder para resolver el problema, teniendo en cuenta que, tras su análisis, queda claro que la firma lleva más de dos años con un permiso basado en fundamentos irregulares y en lagunas jurídicas.
segundo revés. El informe del Defensor conocido ayer supone el segundo revés importante contra la Junta en el caso Fertiberia en menos de una semana, después de que el pasado martes el Parlamento Europeo diese a conocer las conclusiones provisionales de su informe sobre la contaminación de la ría onubense. En dicho informe se constataba que es "evidente" que existe contaminación no controlada en la zona y, particularmente en el caso de esta empresa, señalaba lo pernicioso de la acumulación de fosfoyesos -un residuo industrial contaminante generado por Fertiberia-, 75 millones de toneladas apiladas en 1.200 hectáreas de balsas. Los europarlamentarios recomendaron en su diagnóstico más y mejores informes independientes, incluso con participación de los ecologistas, sobre estos residuos, más aún teniendo en cuenta que Fertiberia vetó el acceso a la balsa por parte de los diputados. Europa lamentó la "aparente falta de comunicación" entre administraciones y empresa, así como la falta de información sobre los riesgos de su actividad y el impacto en la salud de los vecinos. Las conclusiones definitivas se conocerán en julio.

Fertiberia lleva desde 1968 vertiendo fosfoyesos a 500 metros de Huelva, en plena marisma de Meraña, en una zona de dominio marítimo-terrestre. La pelea vecinal y preservacionista logró en 2007 una sentencia de la Audiencia Nacional que ordena el cese de los vertidos en diciembre de este año. En un mes comenzará la regeneración del suelo contaminado.

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