El Defensor del Pueblo estatal considera que tal retraso de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar "no justifica el otorgamiento de la AAI" a Fertiberia S.A. por parte del Gobierno andaluz, pues entiende que la ocupación del dominio público marítimo-terrestre que precisaba la empresa para el desarrollo de la actividad objeto del permiso "es irregular" al no contar con la preceptiva concesión, al declararse caducada desde 2003 por Orden Ministerial. La resolución entiende que en todo momento la Delegación Provincial en Huelva de la Consejería de Medio Ambiente conocía esta circunstancia, esta ausencia de resolución, y es por ello que estima que la AAI "debía haber sido denegada".
Además, resalta el hecho de que se haya obviado la inexistencia de título de ocupación del dominio publico marítimo-terrestre, algo que es contrario a varios de los principios informadores del otorgamiento de autorización, y que se vulnere la Ley de Costas. Por tanto, el Defensor del Pueblo concluye que la autorización ambiental otorgada por la Junta a Fertiberia para el ejercicio de la actividad de la fábrica de ácido fosfórico y abonos fosfatados en el término municipal de Huelva "no es válida y debería ser revisada".
Además, la Defensoría ha solicitado a la consejería que comanda el onubense José Juan Díaz Trillo la emisión de un nuevo informe en el que indique cómo piensa proceder para resolver el problema, teniendo en cuenta que, tras su análisis, queda claro que la firma lleva más de dos años con un permiso basado en fundamentos irregulares y en lagunas jurídicas.
segundo revés. El informe del Defensor conocido ayer supone el segundo revés importante contra la Junta en el caso Fertiberia en menos de una semana, después de que el pasado martes el Parlamento Europeo diese a conocer las conclusiones provisionales de su informe sobre la contaminación de la ría onubense. En dicho informe se constataba que es "evidente" que existe contaminación no controlada en la zona y, particularmente en el caso de esta empresa, señalaba lo pernicioso de la acumulación de fosfoyesos -un residuo industrial contaminante generado por Fertiberia-, 75 millones de toneladas apiladas en 1.200 hectáreas de balsas. Los europarlamentarios recomendaron en su diagnóstico más y mejores informes independientes, incluso con participación de los ecologistas, sobre estos residuos, más aún teniendo en cuenta que Fertiberia vetó el acceso a la balsa por parte de los diputados. Europa lamentó la "aparente falta de comunicación" entre administraciones y empresa, así como la falta de información sobre los riesgos de su actividad y el impacto en la salud de los vecinos. Las conclusiones definitivas se conocerán en julio.
Fertiberia lleva desde 1968 vertiendo fosfoyesos a 500 metros de Huelva, en plena marisma de Meraña, en una zona de dominio marítimo-terrestre. La pelea vecinal y preservacionista logró en 2007 una sentencia de la Audiencia Nacional que ordena el cese de los vertidos en diciembre de este año. En un mes comenzará la regeneración del suelo contaminado.
