Dos de los ocupantes de las viviendas de Nuevo Amate cuelgan una pancarta en la que culpan a la crisis de su situación. / Pepo Herrera
Por Nicol Jiménez / Iñaki Alonso El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, emitió ayer una queja de oficio ante el Ayuntamiento de Sevilla en la que le insta a dar salida a las VPO y pisos sociales vacíos y en la que, tras la ocupación de pisos de Emvisesa en Nuevo Amate, alerta del alto clima de conflictividad social que se está gestando y que puede acabar creándose dada la situación de necesidad de vivienda de muchas familias sevillanas.
El tirón de orejas al Gobierno de Juan Ignacio Zoido es claro: No puede permitirse la existencia de viviendas vacías y sin ocupar propiedad de la Administración Municipal, reza en el escrito al que tuvo acceso este periódico. Además, Maeztu pregunta por qué sólo 72 viviendas de las 220 construidas por Emvisesa en Nuevo Amate han sido adjudicadas, así como previsiones que haya respecto a las mismas para su ocupación y uso, procedimiento de adjudicación que vaya a utilizarse y perfil de las personas y familias a las que vayan a ser destinadas.
Maeztu incluso hace constar que a lo largo de los últimos años se siguen recibiendo quejas de la ciudadanía Sevillana en las que nos dan cuenta de la necesidad de acceder a una vivienda digna y adecuada y de las gestiones infructuosas que, en este sentido, han realizado para alcanzar tal finalidad ante el Ayuntamiento.
Y no sólo eso, la Oficina del Defensor afirma que Emvisesa siempre les recuerda que las personas necesitadas pueden acceder a través del procedimiento regulado por los Servicios Sociales del Informe-Baremo para viviendas de segunda ocupación. Y la conclusión a la que llega Maeztu es que el procedimiento excepcional previsto para adjudicar vivienda a familias en riesgo de exclusión, en el marco de actuación de los Servicios Sociales, se ha convertido en el procedimiento ordinario de adjudicación, con la circunstancia añadida de que, hasta este año, para estos casos se contaba con las viviendas de promoción pública de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, AVRA, (antigua EPSA), que van quedando vacantes por varios motivos, cuyo número anualmente es insignificante para atender a todas las personas y familias baremadas y en lista de espera, algunas desde hace varios años.
Se trata de una dramática situación que está afectando a muchas personas en Sevilla, al igual que en otras ciudades andaluzas, recalca el Defensor. Ya se está gestando y puede acabar creándose, un alto clima de conflictividad social, advierte en la queja, que también recuerda que el Ayuntamiento aprobó diversos acuerdos en materia de vivienda que se han incumplido. Uno de ellos la creación de una unidad específica en Emvisesa para la gestión del parque público de viviendas sociales y para atender a personas en proceso de intervención social. Otro, el traspaso de las viviendas de titularidad municipal de Urbanismo a Emvisesa. En su escrito, el Defensor se interesa por las causas y motivos de la no transferencia.
DEFENSA MUNICIPAL
La reprimenda de Maeztu llega después de que el Ayuntamiento tratara de defenderse ante un conflicto, el de Nuevo Amate, que se le estaba volviendo en su contra. Su portavoz, Curro Pérez, blandió un informe de Emvisesa con el que quiso desmontar la forma de actuar de dar la patada en la puerta y ocupar viviendas. La defensa municipal partió de la base de que ninguno de los ocupantes habían solicitado una VPO: dos familias ni contactaron y las tres restantes se habían interesado por carta pero no completaron el proceso. Extremo este que, aún ayer, fue desmentido por los ocupantes.
Pero, más allá de ese detalle, indicó el procedimiento a seguir por Emvisesa: hay una lista, con titulares y suplentes que equivalen al doble de viviendas promovidas y, una vez que se agota, se abre la convocatoria libre, algo que sólo ha pasado dos veces. La última, con las 16 VPO promovidas en Sevilla Este, Pino Montano yTorreblanca, donde 90 aspirantes guardaron colas hasta dos días.
De vuelta a Nuevo Amate, hizo repaso de las actuaciones: el reparto de viviendas arrancó en septiembre de 2013. Ese mes se entregó a los vecinos de Regiones Devastadas que decidieron retornar. El resto, según Pérez, se contratan después y a medida que la Junta visado los contratos. Tres meses después, hay 100 viviendas entregadas, 4 pendientes de entrega, 15 reservadas y 101 libres. Es decir, la mitad sigue sin dueño.
Pérez también quiso dibujar la sombra de los desahucios sobre la oposición. Para ello, miró los realizado en el anterior mandato: 33 desahucios de Emvisesa de 2009 a 2011. Ese dato lo extrapoló con los del actualGobierno local, que ejecutó tres dos por problemas de convivencia y uno más por revender el piso y hacer reformas. También citó el caso de Otainsa y cómo actuó IU con los ocupantes de la calle San Bernardo.
También ahondó en la promesa de Zoido de analizar los casos de impago. Aunque se enumeraron 900 casos en Emvisesa, desde octubre sólo se han recibido 112 solicitudes para acogerse a los beneficios pago de renta de sólo el 30% de ingresos de la unidad familiar y, si no acreditan ingresos, un alquiler simbólico de 25 euros. De las recibidas se han resuelto 22: 13 aprobadas que disfrutan de ese alquiler social y 9 rechazadas.
Por último, señaló que, a diferencia de las quejas de la oposición, está modificando la oferta de VPO de la venta al alquiler: un edificio de 66 viviendas ya cambiado, 45 viviendas independientes que no se ha concedido aún al no ser legal la fórmula si no es con edificios completos y 52 de otro inmueble que acaban de solicitar.
