Aunque las quejas al Defensor vienen experimentando un crecimiento progresivo, en 2009 se dispararon con 573 denuncias más que el año anterior hasta alcanzar un récord histórico de 6.245. La crisis, reconoce José Chamizo, está tras la mayoría "en diferentes vertientes".
Desde el "retraso" en los juzgados de lo social, encargados de dilucidar sobre despidos, hasta padres incapaces de afrontar la cuota que pagaban de comedor escolar o aula matinal calculada en base a una renta que ya no tienen, el informe es una radiografía de que la crisis se ha revelado en "toda su crudeza" agravando el drama personal de quienes precisamente no se beneficiarios del boom financiero.
El problema es que el "desempleo se eterniza" y se repite el "guión" de familias normalizadas que adquirieron una vivienda previa hipoteca que al quedarse en paro no pueden asumir, el empleo no llega, el subsidio se agota, el banco aprieta y la amenaza de desahucio se torna inminente. Chamizo destacó las "muchísimas gestiones" realizadas con bancos para intentar lograr una solución transitoria. "Al menos a unas 30 familias hemos ayudado, aunque siempre porque podían pagar algo de la cuota, si no no hay nada que hacer", dijo.
Morosidad municipal. Si acuden al Defensor proveedores que dependen de que las administraciones paguen sus facturas para sobrevivir o trabajadores municipales a los que les adeudan sus nóminas, también lo hacen ayuntamientos incapaces de "mantener las mismas prestaciones" en unos servicios sociales desbordados y asociaciones que ven recortadas las ayudas de programas que atienden a los más necesitados.
"Es una tontería decir que no hay recortes, y hasta cierto punto es lógico si la administración ingresa menos", reconoce Chamizo, pero el resultado es que "hay menos dinero para más prestaciones", igual que aunque se ha incrementado el presupuesto para el Salario Social "al haber más solicitudes, se tarda seis meses o más en resolver, cuando como mucho se debería tardar un mes o mes y medio", subrayó tras reivindicar "de una vez por todas la Ley de Renta Básica". Reconoce que sin las ayudas e inversión públicas la crisis habría sido aún más demoledora, pero avisa de que "los síntomas de agotamiento de las arcas públicas empiezan a surgir por doquier" y plantea dudas sobre el futuro ante la prolongación y recrudecimiento de la misma. Apela a un aporte extra de la Junta a los ayuntamientos y a que los fondos para obras se usen también para servicios.
