El Defensor del Pueblo Andaluz considera que las administraciones públicas actuaron mal durante el éxodo de las familias gitanas que huyeron del Polígono Sur tras verse implicados en un tiroteo en el que murió un joven, y que tras meses deambulando por la ciudad regresaron a las casas que habían ocupado en las Tres Mil Viviendas.
En una carta al abogado de estas familias, conocidas como los Caracoleños, Chamizo no anuncia ninguna actuación de su oficina ya que el asunto está en manos de los tribunales, que deben decidir si las familias pueden volver a estas viviendas, ya que la Junta, propietaria de los pisos, asegura que los están ocupando de forma ilegal. Por eso, cuando las familias huyeron los precintaron, pero ellos rompieron los precintos policiales y volvieron a ocuparlos.
A pesar de no actuar, el Defensor se reafirma en que "la actuación de la administración a todos los niveles ha sido bastante mala, ya que en su momento se advirtió de que esta problemática se podía producir", según informó a Europa Press el abogado, José Estanislao López.
"El diagnóstico que la institución realiza de las actuaciones llevadas a cabo es malo, pues se muestran incapaces de solucionar un conflicto que surgió, a su vez, de otro problema inicial que ellos mismos crearon", dijo el letrado.
Esta respuesta se suma a la del Arzobispado de Sevilla, que se mostró dispuesto a mediar con las instituciones al entender "que se trata de una situación humana de una gravedad tremenda, con más de 300 personas, entre ellas menores, que necesitan vivir en alguna parte", explicó el letrado.
Ni los grupos políticos municipales, ni la Consejería de Obras Públicas, ni el Comisionado del Polígono Sur han contestado a la petición del colectivo ante las órdenes de desalojo dictadas por la supuesta ocupación ilegal de las viviendas de titularidad pública.
La mayoría de los afectados han declarado ya sobre la propiedad de los pisos, aunque casi todas las familias carecen de papeles y se han limitado a decirle al juez que las compraron con dinero en efectivo a personas de las que sólo conocían el nombre de pila. A todos ellos, el juzgado de Instrucción 8 les ha dado un plazo de diez días para que abandonen voluntariamente las viviendas al no poder demostrar la propiedad.
Los pocos vecinos que no han podido acudir al juzgado por diversos motivos tendrán que hacerlo ya a partir de septiembre.
Entretanto, se han trasladado a la Fiscalía las actuaciones tras la nulidad solicitada por la defensa, que argumenta que no hay ningún auto en el que se inste a la medida cautelar de desalojo en un plazo concreto, sino sólo requerimientos verbales. Además, alega el principio de igualdad porque hay otras viviendas ocupadas ilegalmente en el barrio.
La segunda expulsión.
Las familias a las que la Junta quiere expulsar de las viviendas del Polígono Sur, alegando que las compraron ilegalmente y por tanto no son suyas, ya fueron desalojadas hace seis años de Los Bermejales, donde vivían en las viviendas prefabricadas, o caracolas, de las que adquirieron el sobrenombre de Caracoleños. En aquella ocasión fue el Ayuntamiento el que los desalojó, a cambio de entregar a cada familia 42.000 euros en billetes de 500 euros y en bolsas de plástico, pero sin ningún plan de acompañamiento social para garantizar su realojo en otro lugar con las necesarias garantías de convivencia.
Por eso los chabolistas se mudaron en masa al Polígono Sur, donde nunca llegaron a integrarse con el resto de las familias, lastrando de hecho el proceso de recuperación que se lleva a cabo en el barrio. Al final, una bala perdida durante un tiroteo en el que murió un joven los expulsó de sus casas y los ha vuelto a convertir en un problema que las administraciones no saben cómo resolver.
