Los vecinos que ocuparon cinco pisos en Nuevo Amate presentan una instancia en Emvisesa para pedir una reunión con el gerente. / Pepo Herrera
Los ocupas de las viviendas de Nuevo Amate tendrán que declarar hoy en el juzgado en calidad de imputados por un presunto delito de usurpación. El Ayuntamiento informó ayer a este periódico de que Emvisesa no retirará la denuncia, desoyendo la petición de los implicados, los vecinos, colectivos ciudadanos y los grupos de la oposición.
Tanto PSOE como IU reclamaron que el Gobierno de Juan Ignacio Zoido (PP) renunciase a la vía judicial contra estas personas para no incrementar más el sufrimiento de estos vecinos en situación de extrema necesidad. Socialistas y miembros de la federación de izquierdas coincidieron en que esta retirada se debía hacer por sensatez ante la complicada situación de estas personas.
Precisamente, el pasado miércoles, tras la notificación del juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, las cinco familias que asaltaron los pisos vacíos de Emvisesa en la antigua Regiones Devastadas decidieron abandonar voluntariamente la ocupación. Tal y como les instó el alcalde, se dirigieron a Emvisesa para encontrar una solución a su falta de vivienda, pero sólo pudieron registrar un escrito en el que solicitan una reunión con el gerente. Nadie les atendió.
Ayer mismo, confirmaban que aún no les han llamado y que, por tanto, Zoido está incumpliendo su promesa: buscar una solución a su precaria situación con un alquiler a un precio asequible. Ya el portavoz del Gobierno local, Curro Pérez, aseguró que era inaceptable que se dé una patada en la puerta para acceder a una VPO y que iban a defender a quienes han pasado por el sistema, dejando entrever que serán inflexibles en este asunto, pese a que estas familias sí han solicitado una vivienda de forma oficial.
Por otro lado, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, admitió ayer a trámite la queja del Grupo de Juristas 17 de Marzo por el acoso, los rigores y restricciones del cordón policial desplegado ante las viviendas ocupadas en Nuevo Amate. A través de un escrito, el Defensor anuncia que se han iniciado las actuaciones ante los organismos correspondientes y que solicitará la colaboración necesaria del Ayuntamiento de Sevilla para poder conocer todos los datos precisos que afectan a la actuación de la Policía Local. Además, estos abogados interpondrán la queja ante la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, para que investigue la actuación de la Subdelegación del Gobierno y la Policía Nacional.
Según los denunciantes, la Policía (Local y Nacional) se excedió en el marco de sus competencias al impedir, sin una orden judicial, que los ocupas entrasen y saliesen libremente de los pisos, provocando la separación de padres e hijos, limitando el derecho a las comunicaciones al no permitirles introducir baterías de móviles ni tecnología de ningún tipo, impidiendo que los medios de comunicación les entrevistasen, que pudieran salir al médico u obtener medicinas. Incluso denuncian que nos les permitieron la asistencia jurídica.
La Plataforma Cívica Tres Barrios-Amate alertó ayer del dramático problemas de fondo de la zona y subrayó que la ocupación por parte de varias familias de pisos de Nuevo Amate se debe a las carencias de vivienda y medios económicos en un entorno en el que el 20 por ciento de las familias se encuentran en situación de exclusión social.
Las deficiencias de equipamiento y vivienda ya antiguas, con el estado ruinoso de bloques completos, suciedad y deterioro de los espacios públicos e inseguridad en algunas zonas relacionadas con el comercio de droga, agrava apuntan los problemas de muchos hogares que se ven hoy dramáticamente angustiados por la carencia de luz y agua por falta de pago, insiste la plataforma, que apunta a las enormes tasas de desempleo general y juvenil y bajísimos niveles de renta de una población que supera los 20.000 habitantes. Por eso la entidad vecinal hizo hincapié en los dramáticos problemas de fondo, analizados y denunciados hace ya diez años en el diagnóstico del Plan Integral Comunitario. Por ello, los vecinos se reafirman en su empeño de dar cumplimiento a los objetivos del Plan Integral que las autoridades autonómicas y municipales se empecinan en mantener en el olvido.
