El Defensor del Pueblo Andaluz ha recriminado a la Consejería de Cultura su excesiva lentitud a la hora de proteger conjuntos monumentales con la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC), así como su poca diligencia a la hora de hacer cumplir la normativa patrimonial a los propietarios privados de algún elemento protegido.
El último informe anual elaborado por la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, correspondiente al año 2007, incluye un apartado dedicado a la gestión cultural en la Comunidad Autónoma, en el que se censuran ciertos comportamientos por parte de la Junta de Andalucía y de las corporaciones locales, en todo lo que se refiere a la protección y conservación de patrimonio histórico andaluz.
En concreto, a la Consejería de Cultura se le recrimina la poca celeridad a la hora de incluir un elemento mueble o inmueble en el catálogo de bienes culturales, reconociendo así su valor patrimonial y dotándolo de la protección jurídica necesaria. "Cuesta entender -señala el informe- que en Andalucía los procedimientos para la catalogación de un bien o para su declaración como bien de interés cultural sigan sufriendo dilaciones que a veces se prolongan durante años, mientras que dichos bienes se deterioran o permanecen en situación de grave riesgo".
Es más, la institución que dirige Chamizo alerta de que "la falta de diligencia" en la protección formal de estos elementos representa "una de las principales causas del deterioro y la pérdida de sus valores culturales". Pero el Defensor no sólo da un tirón de orejas a la Administración autonómica, sino que también llama la atención a los municipios: "No resulta fácil de entender que un importante número de ciudades y pueblos andaluces, dotados de conjuntos históricos de relevancia, sigan sin contar con planes especiales de protección", a pesar de que Chamizo viene advirtiendo de esta deficiencia en los informes de sus últimos años.
En cuanto a la conservación de los bienes ya protegidos, que son de propiedad privada, el estudio realizado por el Defensor del Pueblo avisa a sus propietarios de que tienen la obligación de garantizar su buen estado. Pero en este punto vuelve a dirigirse también a la Administración cultural andaluza.
deber de tutela.
Chamizo recuerda a la Junta que tiene herramientas suficientes para presionar a los propietarios -sea un particular o una institución como la Iglesia- a garantizar el mantenimiento de los BIC de su propiedad. "Este deber de tutela no se ejerce en muchos casos con la diligencia necesaria e, incluso, es frecuente que la propia Administración se resista a asumir la responsabilidad que le corresponde". Por ello, lamenta que "en bastantes ocasiones, las denuncias sobre el mal estado de un bien patrimonial sean respondidas por parte de la administración aludiendo a la titularidad privada del bien en cuestión".
