El Defensor del Pueblo Estatal ha insistido, en respuesta a una queja remitida por las ONG Greenpeace y WWF, que la Autorización Ambiental Integrada (AAI) concedida a Fertiberia en 2008 para el depósito de fosfoyesos en la ría de Huelva es "nula de pleno derecho, ya que le otorga el derecho a desarrollar un tipo de actividad careciendo de los requisitos esenciales para ello al no tener dónde depositar legalmente sus vertidos". Greenpeace y WWF volvieron a exigir ayer el "cese inmediato" de los vertidos de fosfoyesos.
A juicio del Defensor, por esta razón y por el "peligro que supone para la integridad y la buena conservación del dominio público marítimo-terrestre, la actividad de Fertiberia no debería continuar y debería ser paralizada". En la resolución emitida con fecha de 20 de octubre de 2010, a la que tuvo acceso Europa Press, la institución indica que la Delegación Provincial de Huelva de la Consejería de Medio Ambiente, al otorgar esta AAI, "infringió el ordenamiento jurídico, ya que otorgó en 2008 autorización a una actividad que ocupa el dominio público marítimo terrestre sabiendo que tenía caducada la concesión de ocupación del mismo desde 2003".
Además, señala, la validez de la orden de caducidad "fue confirmada por sentencia de la Audiencia Nacional en junio de 2007, circunstancia que conocía perfectamente la Delegación Provincial". Por otro lado, apunta que desde el punto de vista procedimental se produjo una "dilación" en la emisión del informe por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa del Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.
