El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, dejó ayer claro que no es partidario de los centros de internamiento de inmigrantes y defendió que "tendrían que cerrarlos todos". Lo aseguró durante el encuentro "Inmigración ilegal: cooperación judicial en el ámbito de la Comunidad Europea" de los cursos de verano que la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) imparte en La Rábida (Huelva).
Chamizo afirmó que entiende la legislación que existe, pero defendió que "una persona, a partir de un proceso sancionador administrativo, no tiene que estar en una especie de cárcel". "Estas personas no han cometido ningún delito", argumentó, lamentando que los emigrantes sean enviados a estos centros por no tener documentación. Por otro lado, también quiso recalcar que sabe que "es la norma y los jueces tienen que aplicarla", por lo que los considera "víctimas de la legislación vigente".
En relación a los irregulares menores en situación de conflicto, añadió que "los que más me preocupan son los grupos, quienes se escapan de los centros y se pasan a la marginalidad, al tráfico de drogas y a la prostitución masculina". Además mostró su interés por las personas que "pasan a pisos tutelados tras cumplir la mayoría de edad". Chamizo aseguró acerca de la inmigración que "todo el dolor humano es un negocio".
De este modo, se refirió a la situación de las personas irregulares de las que ha habido una explotación laboral excesiva, especialmente con "trabajadores del mundo agrario, de cadenas de restaurantes y de tiendas". También destacó el caso de gente que "estaba trabajando de forma regularizada y ha caído en la irregularidad por no someterse a una situación de explotación laboral".
En cuanto a la prostitución a la que se ven obligadas mujeres inmigrantes, Chamizo señaló que "hay muchas que no sabían a qué venían" y han denunciado a determinadas redes -algunas ya desmanteladas- ante el Defensor. Según explicó, la inmigración irregular "ha sufrido estafas de venta de permisos de trabajo en el país de origen, situación que ha acabado con los pocos fondos que pudiera tener una familia". Así, añadió que "se están vendiendo contratos, tanto verdaderos como falsos". Incluso apuntó el caso de algunos empresarios que "para dar un contrato, querían que el trabajador asumiera la deuda de la empresa".
El Defensor también aludió al traslado de cadáveres de inmigrantes irregulares para criticar "por qué las funerarias cobran unas cantidades tan altas por el traslado de los cuerpos a Marruecos" y defender la necesidad de "acabar con cualquier tipo de abuso". El director del encuentro y consejero general del Poder Judicial, Manuel Gutiérrez Luna, afirmó que esta temática ya fue tratada en unos cursos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dirigidos a la formación de jueces europeos. Durante el transcurso de los días, diferentes personas irán realizando varias ponencias que aborden el tema a tratar. Así es el caso del jefe de Interpol en España, Francisco Gil Montero, o el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón.
