Los cinco folios que ocupa el informe del Defensor del Pueblo, José Chamizo, en respuesta a la queja de unos de los parcelistas ilegales de Medina Azahara son una lucha entre dos derechos constitucionales. Y en esa lucha, advierte el Defensor, tiene que ganar ante todo el yacimiento arqueológico.
El artículo 46 de la Constitución garantiza la "conservación del patrimonio", y el 47 defiende el derecho a "disfrutar de una vivienda digna". Pero en Medina Azahara el ejercicio de ambos derechos es "incompatible", porque si bien "la protección del Bien de Interés Cultural (BIC) únicamente se puede ejercer en los terrenos delimitados" el derecho a la vivienda sí "se puede materializar en otro suelo calificado como residencial".
Así resuelve Chamizo en este informe en el que va un poco más allá al recordar a los poderes públicos la "obligación de afrontar las correspondientes indemnizaciones" para los afectados. Cuando se trate de "primeras residencias", como ocurre principalmente en la parcelación de Las Pitas, la compensación "podría ser facilitar una vivienda digna" y en los restantes casos (principalmente La Gorgoja II y Cordoba la Vieja) "la posible indemnización debe consistir en una compensación equivalente al daño patrimonial sufrido". El Defensor "sugiere" a las administraciones que conversen "para llegar a un acuerdo y afrontar las consecuencias" del ejercicio del derecho vencedor: el de la protección de Medina Azahara.
Los parcelistas deseaban que este informe "espoleara" a las administraciones pero parece caer en saco roto. Las partes se muestran dispuestas a negociar pero nadie pone fecha. La alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar, dijo "no tener problema" antes de las elecciones. La consejera de Cultura, Rosa Torres, cree que la agenda de Aguilar es ahora "más ligerita" que la suya y advirtió: "Cada parte deberá sentarse asumiendo la parte de responsabilidad que ha tenido" en el incumplimiento de la ley.
