El Defensor del Pueblo Andaluz , José Chamizo, ha recomendado a la Consejería de Educación que, ante "la situación de crisis en la que estamos inmersos", adapte el coste del precio público de los servicios complementarios de aula matinal, transporte escolar, comedor y actividades extraescolares a "la nueva realidad económica" de las familias andaluzas.
En esta línea, el Defensor también pidió a la Administración educativa que modifique la normativa reguladora de la cuantía de los precios públicos de estos servicios que establece un sistema de bonificaciones en base a una renta de referencia, en concreto, la del último ejercicio fiscal presentado en la fecha de formulación de las solicitudes que, para el curso 2009-2010 fue la de 2007.
Tal y como recoge el informe anual del Defensor, consultado por Europa Press, la situación económica de las familias en el año 2009 fue, "en efecto", muy diferente a la de 2007. Por ello, consideró Chamizo que es "una injusticia material que algunas familias que han visto mermados sus ingresos por avatares de la vida, deban hacer frente al precio público que se abona por la prestación de los servicios complementarios como si siguieran disfrutando del nivel de renta que tenían dos años antes".
Una circunstancia ésta que, según Chamizo, "ha llevado a los padres, en determinadas ocasiones, a tomar la decisión de prescindir de estos servicios públicos por no poder hacer frente a su coste", así como a presentar diferentes quejas al respecto en la Oficina del Defensor por "su discrepancia con la regulación normativa del procedimiento establecido para las bonificaciones de dichos precios públicos", recalcó.
Así, tras un análisis de esta normativa vigente por parte del Defensor, Chamizo entendió que el principio de capacidad económica consagrado tanto en la Constitución española como en el Estatuto de Autonomía se "quiebra" cuando "la cuota mensual de un servicio complementario y/o las bonificaciones a aplicar, para el curso 2009-2010, es fijada conforme a las rentas deducidas del IRPF de 2007, resultando que la capacidad económica de las distintas unidades familiares afectadas ha sido objeto de una alteración a la baja por determinadas circunstancias socio-económicas".
Por esta razón, y aun reconociendo que "no en todos los casos se dan alteraciones sustanciales de los niveles de renta familiares de un ejercicio fiscal a otro", el Defensor estima que "bien puede suceder que un alto nivel de renta en un ejercicio no se mantenga en el siguiente y sufra una drástica disminución a la fecha de solicitud de la plaza de estos servicios educativos", como fue el caso de las 26 familias que presentaron quejas en la institución que lidera.
Ante ello, el Defensor, reza el informe, "se en la obligación de demandar la conveniencia de que la normativa reguladora del acceso a los servicios señalados sea lo suficientemente flexible como para contemplar las posibles variaciones experimentadas por las familias en sus rentas, y no centrarse en la situación retributiva de un momento concreto que
coincide con la renta declarada a la Administración tributaria dos años atrás".
Esta misma petición fue realizada hace poco más de diez días por el sindicato de Enseñanza CGT-Andalucía, que aseguró que, tanto por el encarecimiento del servicio como por el descenso del número de bonificaciones por parte de la Consejería de Educación, el número de alumnos inscrito en los comedores escolares de los centros sostenidos con fondos públicos en la comunidad ha descendido "en un 40 por ciento respecto al curso 2008-2009".
De ahí que el secretario de Jurídica y Comunicación del sindicato, Rafael Fenoy, exigiera también que las bonificaciones "no se analicen mediante un sistema tan desfasado como el de las rentas de dos años antes". "Hay quien en 2008 tenía trabajo y no necesitaba la bonificación, pero que ahora, en 2010, se ha quedado en paro y ha empeorado mucho su situación económica y apenas tiene nada", criticó el sindicalista.
"GENERARIA MAS PROBLEMAS"
Por su parte, y tras serle requerida su posición al respecto de esta reclamación de CGT en una rueda de prensa la semana pasada, el consejero de Educación de la Junta de Andalucía, Francisco Alvarez de la Chica, aseguró que modificar este sistema de bonificaciones sería de "una gran complejidad" y que esto, según el criterio de la Consejería, "generaría más problemas que beneficios".
Aún así, valoró "la gran sensibilidad" que demuestran los sindicatos señalando aspectos como éste, pero al tiempo indicó que el hecho de tomar como referencia la renta del ejercicio anterior al que se solicita es "lo que se hace habitualmente en todos los ámbitos de las administraciones publicas". En ese sentido, añadió que si se modificara para el sistema de bonificaciones, "se tendría que modificar por analogía todo, y eso generaría más problemas", apostilló.
