El Ayuntamiento aprobó el año pasado una Ordenanza de veladores y otra de ruidos. / José Manuel Cabello
Es un tema recurrente en los informes del Defensor del Pueblo Andaluz porque acapara gran parte de las quejas que llegan a la institución. Quejas de vecinos que lamentan que el Ayuntamiento no hace nada ante sus reiteradas denuncias a la Policía Local y a los servicios de inspección de Medio Ambiente y Urbanismo porque no pueden dormir debido al ruido de bares que tienen mesas y sillas en la calle incluso sin licencia para ello e incumpliendo los horarios de cierre.
No es un problema exclusivo de Sevilla pero el Gobierno local de esta ciudad demuestra, según vuelve a constatar el Defensor en su último informe anual, una «incapacidad» para ponerle coto, pese a la aprobación el año pasado de una nueva Ordenanza de veladores que el propio Defensor reconoce que espera pudiera dar «una solución efectiva a problemas y situaciones» como las planteadas en las denuncias que recibe.
El problema no se ataja ni en calles como Betis, declarada en 2011 Zona Acústicamente Saturada, donde la Oficina de Jesús Maeztu llega a preguntarse «que está ocurriendo para que no cese esta situación escandalosa, pública y conocida en toda la ciudad» de «locales que se encontraban desde hacía tiempo en una situación de ilegalidad continúan ejerciendo su actividad sin consecuencias sancionadoras o de clase alguna». El rapapolvo del Defensor al Ayuntamiento de Sevilla por la falta de control de la contaminación acústica provocada por los bares y la proliferación de veladores no autorizados ha sido constante en los últimos años, con Gobiernos locales de PSOE-IU y ahora del PP. El año pasado, el equipo de Juan Ignacio Zoido no solo aprobó la Ordenanza de veladores en abril y sino otra de ruidos a final de año, pero precisamente esta última fue polémica porque no incluía las terrazas como emisores acústicos. El informe del Defensor se refiere a la actividad de la institución en 2013, si bien muchas quejas de oficio o de parte sobre el tema a las que alude son anteriores aunque se tramitaron y resolvieron ese año.
De hecho, la tardanza en resolver denuncias reiteradas es una de las denuncias del Defensor, que considera que se incoan expedientes de forma «ineficaz» y se evidencia la «incapacidad de los servicios de la Gerencia Municipal de Urbanismo para hacer respetar eficazmente la normativa». Pone ejemplos como el de una vecina que «cuatro años después» de denunciar los ruidos provocadas por las terrazas de dos bares que el Ayuntamiento reconoció en su respuesta al Defensor que carecían de licencia, cuya «situación no solo no había solventando sino que se había agravado», según demostró con fotografías, ya que «el Ayuntamiento no retiraba los veladores ilegales ni ejecutaba sus órdenes de suspensión, limitándose únicamente a poner multas coercitivas que por su bajo importe suponen un menoscabo menor frente a las ganancias que una conducta infractora genera en estos establecimientos».
Según el Defensor, este y otros casos llegados a su Oficina, así como el examen de la información remitida por el Ayuntamiento en respuesta a sus requerimientos demuestra que «la mala praxis seguida estaba provocando que a los infractores de la normativa sobre ocupación de la vía pública con sillas y veladores les estuviera resultando económicamente más ventajoso no solicitar la preceptiva licencia y persistir en la situación de ilicitud antes que asumir los costes de legalizar su situación y abonar las tasas legalmente estipuladas». Maeztu llega a proponer que ante la reincidencia se valore la «oportunidad de revocar las licencias». A ello se añade «la falta de incoación de expedientes sancionadores» y la «aparente descoordinación existentes entre organismos que hoy en día se encuentran íntimamente vinculados y adscritos a la misma Delegación municipal», en alusión a Medio Ambiente (responsable de las inspecciones en materia de ruidos) y Urbanismo (que tramita las licencias de actividad y ocupación de la vía pública). El ejemplo más flagrante es la calle Betis, donde llega a constatar que de 16 locales inspeccionados a los que se abrieron expedientes, algunos desde 2005, solo dos se habían concluido. En esta zona, Maeztu abrió una queja de oficio para pedir al Ayuntamiento un inventario de las licencias de apertura a establecimientos hosteleros concedidos, los permisos para instalar terrazas, los expedientes sancionadores incoados y los acuerdos adoptados en los últimos diez años sobre la declaración de Zona Acústicamente Saturada. La respuesta municipal fue «incompleta y poco o nada aclaratoria» aunque se desprendía que «parecía evidente que había locales que no habían presentado nunca una licencia de apertura, que algunas de las terrazas que se habían instalado o ampliado lo habían hecho sin autorización y que el nivel de ruidos que se producía con frecuencia superaba todos los límites tolerables», por lo que solicitó al Consistorio que hiciera un inventario actualizado de actividades y permisos y una investigación de los expedientes sancionadores abiertos sin resolver, tras recordar que la declaración por el propio Ayuntamiento de Zona Acústicamente Saturada «exige un mayor control».
No solo los bares son culpables de la contaminación acústica. El Defensor se hace eco de varias quejas por eventos celebrados en el Auditorio de la Cartuja, de titularidad pública, y denuncia las «importantes dilaciones» en un expediente sancionador iniciado contra el titular de la concesión y la falta «de un compromiso serio por parte del Ayuntamiento de hacer cumplir la legalidad».
Maeztu pidió investigar por qué no se tramitaron las denuncias de «agentes de la autoridad sobre el incumplimiento de horarios», estudiar la resolución de la concesión por incumplimiento y elaborar un informe técnico sobre si «dado los usos residenciales existentes en espacios muy próximos al Auditorio, sería necesario adoptar medidas correctoras del impacto acústico» de las actividades incluso en el horario autorizado. El Consistorio abrió expediente al concesionario por ruidos y varias denuncias por el horario, falta de señalización de la salida de emergencias o actividades en la zona anexa sin vías de evacuación. Maeztu alerta del «riesgo» de incidentes graves.
