El Presupuesto "de resistencia" que aprobó el Gobierno andaluz para 2013 tienen un estrechísimo margen para acometer más recortes sin desmantelar servicios básicos o despedir empleados públicos, justo lo que PSOE e IU, socios en el Gobierno de izquierdas de Andalucía, han advertido de que no van a tolerar.
El informe económico que acompaña estas cuentas recogía un ajuste adicional de 4.200 millones de euros para cumplir el duro límite impuesto al déficit, que deberá cerrarse al término del año en un 0,7%. Con esta gruesa soga y los ingresos menguando -cae estrepitosamente la recaudación por IVA- es complicadísimo acatar la nueva orden del Gobierno central. El toque de atención del ministro Cristóbal Montoro , que exige más recortes a las cinco comunidades que se han desviado en 2012, entre ellas Andalucía, pone a la Junta, que no esperaba esta orden, contra las cuerdas.
Si Valencia o Murcia se desviaron casi dos puntos del objetivo, Andalucía cerró 2012 con un déficit del 2,02%, a algo más de medio punto de la meta (1,5%). El mismo desvío prácticamente que tiene el Estado. Estos números significan un sacrificio de más de 2.000 millones en un año. La Junta ha reconducido su déficit en un 40% (2011 se cerró en el 3,22%).
Desde la oposición, los populares andaluces subrayan que cada décima de desvío supone un recorte adicional de 140 millones de euros. Para alcanzar el objetivo, Andalucía debería recortar adicionalmente en 2013 algo más de 700 millones. Una misión imposible en un Presupuesto raquítico y casi sin inversión pública, a no ser que se reconduzca gasto y se toquen las partidas más voluminosas: educación, sanidad y nóminas.
El Presupuesto en vigor, el quinto de la crisis (30.706 millones de euros), muestran unos números caninos en las que los ingresos desde el Gobierno central disminuyeron en 688,9 millones de euros. Todas las consejerías, sin excepción, recortaban sus recursos una media del 10,7% (2.949 millones de euros).
La gran sacrificada volvió a ser la inversión pública, que sería clave para animar la construcción y amortiguar la destruccción de empleo. En 2013, la inversión pública vuelve a caer un 20% (3.814 millones de euros), lo que supone un recorte acumulado del 60% desde 2009. Además la Junta también recortó en un 11% las transferencias al sector público, dejando en manos de sus empresas la decisión de recortar salarios o despedir empleados.
Con este panorama la pregunta es ¿de dónde puede seguir recortando la Junta? En estos momentos el meollo del Presupuesto de Andalucía está en sanidad y bienestar social, 10.086 millones, el 33% de las cuentas. De momento, el bloqueo del Ministerio, con un tercer rercurso judicial, a la subasta de fármacos, una medida de ahorro impulsada por el Ejecutivo andaluz, deja en el aire 200 millones de euros en este apartado.
Detrás, educación (6.031 millones de euros), donde la Junta ya está reordenando sus recursos en perjuicio de la enseñanza concertada y donde ya se han despedido 4.500 interinos.
Son precisamente los dos servicios que ayer el PSOE andaluz marcó como intocables. El vicesecretario general del PSOE-A, Mario Jiménez, grabó un videoblog un día después de que Montoro apretara todavía más la soga y advirtió de que "unas décimas arriba, unas décimas abajo" en el déficit "no puede ni debe comprometer las obligaciones que tiene un gobierno decente con sus ciudadanos".
IU es aún más contundente . Tres de sus diputados se desmarcaron ya de la votación del actual Presupuesto. Si la tijera volviera a aparecer sobre las cuentas públicas, un sector relevante de IU daría un portazo al pacto de Gobierno.
El PP-A dio por hecho ayer que Andalucía deberá de acometer más recortes y apuntó al sector público. "Tiene margen si mete la mano en el bolsillo de sus amiguetes", aseguró la vicesecretaria de Política Social, Dolores López, que señaló a la "administración paralela, las 300 empresas públicas de la Junta y los 410 cargos de libre designación".
Los sindicatos alertan ya de que la tijera amenaza con entrar directamente en el empleo público, por más que PSOE e IU defiendan que hasta ahora ni han privatizado ni recortado servicios básicos ni destruido empleo público. El sindicato Ustea ha alertado de "más de un millar de posibles despidos" que, según esta organización, podrían producirse en próximas fechas entre empleados públicos temporales de la Junta en aplicación de una instrucción firmada el pasado día 5 de febrero por la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública. Ustea alertó de "más recortes directos sobre el personal laboral temporal". Por ahora, los socialistas andaluces salieron a negar que vaya a haber más recortes en los sueldos de los empleados públicos.
Se abre otro frente entre Gobierno y Junta, quizás el pulso más duro de los que se han librado hasta ahora. El Ministerio tiene la posibilidad de intervenir la comunidad si no se aceptan más recortes. Andalucía (35% de paro) avisa de que no seguirá con este austericidio. La Junta cree que su problema no es de gastos sino de ingresos y recuerda que el Gobierno, solo en cumplimiento del Estatuto, le debe 1.504 millones en inversiones. Si le paga, dicen, le saldrán los números sin recortar más.
