Sevilla volverá a cerrar el ejercicio económico, por segundo año consecutivo, con un déficit de casi 90 millones de euros. Según el avance de la liquidación de 2009 elaborado por la Intervención General del Ayuntamiento, las cuentas municipales tienden a "cómo mínimo", mantener el desequilibrio que ya se produjo en 2008, cuando el resultado de la liquidación arrojó un saldo negativo de 87,6 millones. En el mismo informe de previsiones, el interventor aconseja "no incurrir en nuevos gastos aunque estuviesen previstos en el correspondiente presupuesto" y censura la creación de 60 nuevas plazas en la plantilla -una parte de las 189 pactadas por Emilio Carrillo antes de su dimisión y ratificadas por el Pleno-, ya que "hace que el gasto de personal no solamente afecte a los presupuestos de 2009", sino "que se consolide en ejercicios futuros", lo que afectaría, continúa el texto, al reequilibrio de las cuentas municipales obligado por la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, "condicionándolas y limitándolas en cuanto a su aplicación".
Precisamente para reequilibrar estas cuentas, el Ayuntamiento lleva trabajando desde noviembre en la elaboración de un plan de estabilidad presupuestaria que recortará gastos e inversiones durante tres años y que estará supervisado por la Junta de Andalucía. Según el portavoz del PP en el Ayuntamiento, Juan Ignacio Zoido, el Pleno debería haberlo aprobado a los tres meses de la aceptación de la liquidación del presupuesto de 2008, es decir, en diciembre.
Esta situación de inestabilidad financiera es una consecuencia directa de la crisis que afecta a otros consistorios. De hecho, Madrid, Valencia, Málaga o Zaragoza ya tienen aprobados estos planes de saneamiento. Para el PP, sin embargo, "la mala gestión" del gobierno de Alfredo Sánchez Monteseirín ha sumido al Ayuntamiento "en un caos financiero y ha convertido a Sevilla en la única gran ciudad que no tiene aprobadas sus cuentas" (en Andalucía quedan pendientes las de Huelva, Cádiz -ambas gobernadas por el PP- y Jaén). Esta situación está provocada, según Zoido, "por disparar los cargos directivos y la alteración de proyectos urbanísticos", entre otras causas.
Desde el Ayuntamiento, la concejal de Hacienda, Nieves Hernández, aseguró que la situación actual es "complicada para todos" y aclaró que el plan de estabilidad no incrementará la presión fiscal, aunque la Delegación está revisando todos los impuestos. También se estudia cómo reestructurar las transferencias a las empresas municipales y reducir el gasto corriente. El Plan 8.000 y ahora el 5.000 representan la mayor parte de las inversiones.
El desequilibrio económico se atribuye a factores directamente relacionados con la crisis -como la disminución de transferencias estatales o la reducción en la recaudación de impuestos- aunque que el PP atribuye la situación a "errores de la gestión municipal", como la devolución al Estado de los 17 millones entregados a cuenta en 2008 o el pago a las entidades bancarias. "Esto deja un panorama desolador para 2011, cuando se doblará la deuda, una tónica general del PSOE cuando abandona una administración".
Zoido rechaza la cesión a Salud de los bajos del Arenal
El portavoz del PP en el Ayuntamiento, Juan Ignacio Zoido, criticó duramente ayer en su presentación del balance de la situación financiera del Consistorio la cesión por parte del Ayuntamiento de los bajos del mercado del Arenal a la Junta de Andalucía para la construcción de un centro de salud. "¿Quién es Celis o Monteseirín para regalar arbitrariamente 11 millones de euros?", reprobó. Con esta cesión arbitraria, añadió, "se priva a la ciudad de recibir ingresos por su alquiler o venta". También se refirió a la cesión del espacio para otro centro de salud en Alcosa.
Sin embargo, fue el propio Zoido quien el pasado septiembre planteó el uso público de los bajos del Arenal cuando el Consistorio revisó sus condiciones de venta al quedar desierto por tercera vez el concurso público de enajenación del solar.
Este proyecto del PP partió, pues, de ese fracaso de los intentos de venta del espacio, de 5.000 metros cuadrados, y que estaba destinado a ser un centro comercial. Zoido lanzó entonces la propuesta de usarlo como un centro social, galerías de arte y un centro de dependencias municipales cuyos locales estén alquilados lo que, justificó Zoido, supondría un ahorro en alquileres de un millón de euros al año. Así, la división que propusieron los populares suponía dejar 1.500 metros cuadrados para un centro de día; 1.000 metros cuadrados para una serie de galerías de arte con alquileres simbólicos; y 2.500 metros cuadrados para albergar otras dependencias municipales.
En temas urbanísticos, Zoido atacó la paralización o retraso de algunos proyectos, como el edificio de Moneo en el Prado "que ha costado 600.000 euros", la Encarnación ("otro millón"), las indemnizaciones a los empresarios de la plaza de Los Luceros o "los 2,5 millones de Torrecuéllar".