La nutrida mesa de debate sobre el futuro de Altadis. / J.M. Paisano
Un tercer grado en toda regla es lo que tuvo que lidiar ayer el delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, Maximiliano Vílchez, en el debate organizado por CCOO en la Facultad de Ciencias del Trabajo sobre el futuro de la antigua fábrica de Altadis, ya que los grupos de la oposición, PSOE e IU, sindicatos, arquitectos, expertos en Patrimonio y extrabajadores de la tabacalera le reclamaron otros usos para ese recinto en Juan Sebastián Elcano que no sean los terciarios (hoteles, comercios, oficinas), que no se derriben los edificios ni desaparezcan zonas verdes (a lo que se comprometió Vílchez) y que las plusvalías de la recalificación de los suelos reviertan en la ciudad y no vayan en su totalidad a la multinacional francesa. Con todo, el delegado defendió que la volumetría, entre otras cosas, la determinará el plan especial que tendrá que «fiscalizar» la Junta de Andalucía, por lo que las dos torres de hasta siete plantas podrían desaparecer del plano. Está por ver, eso sí, qué opina Altadis, que firmó un protocolo con el alcalde, Juan Ignacio Zoido (PP), que establece entre otras cosas el reparto del suelo: 31.000 metros cuadrados de uso terciario para que Altadis lo venda (por lo que podría sacar sobre 35 millones de euros) y 23.000 metros cuadrados para el Consistorio, 15.000 para equipamientos públicos y 8.000 también terciarios.
«En el plan especial se detallará si van o no las torres y el proyecto constructivo será el que diga si es un bodrio o no», respondió a las críticas Vílchez, quien se mostró dispuesto a hacer cambios para que la Junta acepte el proyecto. Ayer mismo, según dijo, mantuvo una reunión con la Consejería de Fomento para «avanzar en estos términos», así como para ver si la Junta quiere suelo en la antigua fábrica para equipamientos.
Ante las críticas por la falta de participación a la hora de firmar el convenio con Altadis, dijo que estudiará ampliar los plazos de alegaciones en la tramitación del plan especial de la zona. Hay que recordar que estos suelos serán recalificados para dejar de ser «industrial singular», de ahí que la Junta tenga la última palabra. No obstante, los cambios que se puedan introducir en el proyecto tendrán que estar en el marco del protocolo firmado con la multinacional o, en todo caso, contar con el sí de ésta.
El delegado defendió que no se optó por la expropiación del recinto porque el Ayuntamiento no tiene dinero, «telarañas quizás sí», bromeó, y porque el gobierno local no quería llegar a un largo proceso judicial que conllevase «otros 7 años con ese muro frente al río». «Nos planteamos cómo crear empleo vetando el uso residencial», indicó sin cuantificar el precio de una supuesta expropiación. Eso sí, los participantes le recordaron que, en plena crisis, a Altadis no le interesa tener un suelo para construir viviendas porque no es negocio y que la expropiación de un suelo industrial singular, antes de la recalificación, no hubiera sido tan cara.
Vílchez también respondió a PSOE e IU que la instalación de empresas de servicios avanzados sí es posible en la nueva Altadis, pero añadió que esas empresas «no se encuentran». «¿Dónde están?», preguntó. El responsable de Urbanismo alegó que el convenio recupera la ribera del río y, a coste cero, recupera un recinto ahora cerrado para la ciudad.
En el acto, al que asistieron desde la delegada provincial de la Consejería de Fomento, Granada Santos, hasta arquitectos como Antonio Barrionuevo y José García Tapial, ecologistas como Jesús Lara; el director del parque del Alamillo, Adolfo Fernández Palomares, y exconcejales como Antonio Rodrigo Torrijos (IU), intervinieron el secretario general de CCOO de Sevilla, Alfonso Vidán; el portavoz municipal del PSOE, Juan Espadas; el de IU, José Manuel García; el profesor de Historia y Teoría Arquitectónica de la Universidad de Sevilla, Julián Sobrino, y el presidente del Colegio de Geógrafos de Andalucía, Enrique Hernández. Para Sobrino, Altadis es una «Company town» única que se va a «destrozar», de ahí que avanzase que habrá importantes alegaciones al proyecto.
