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El depósito judicial de vehículos echa el cierre temporal por los impagos

El centro, ubicado en Alcalá de Guadaíra, es el único del área metropolitana que custodia los sometidos a procesos judiciales.

el 17 sep 2009 / 18:54 h.

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Un cartel a la entrada del depósito judicial anuncia su cierre temporal.

El único depósito judicial de vehículos Sevilla y su corona está cerrado hasta nueva orden. La empresa encargada, Lorenzana, justifica el cierre por "la falta de pago", tal y como figura en un cartel a la entrada del edificio. Esta decisión deja en el aire la custodia de cientos de vehículos sujetos a procesos judiciales.

El depósito, situado en el polígono Fridex de Alcalá de Guadaíra, no está para recibir ni entregar ningún vehículo que se encuentre en el interior de sus dependencias. Los usuarios que acuden a recoger sus vehículos con una orden judicial lo saben a la perfección: es llegar y le dicen, según explican los afectados, que no hay personal suficiente que se haga cargo de la entrega.

La cuestión de fondo es la supuesta deuda que la Consejería de Justicia arrastra con el único depósito de este tipo existente para los juzgados de la capital hispalense. Es más, el depósito de Alcalá de Guadaíra funciona después de que llovieran las protestas de los órganos judiciales por la falta de un espacio adecuado para dejar estos vehículos requisados, ya que anteriormente eran guardados en dependencias policiales o en un solar en el parque de Los Príncipes de Sevilla, lo que no garantizaba su seguridad.

En este depósito se guardan tanto los vehículos embargados, como los que están pendientes de algún otro proceso judicial, los robados o los que se requisan por una supuesta procedencia ilícita, entre otros asuntos, de ahí la gravedad de su cierre, aunque sea de manera temporal, según explicaron ayer fuentes judiciales consultadas por este periódico.

Estas mismas fuentes señalaron que, además del depósito de Alcalá de Guadaíra, lo único que está habilitado es un mínimo espacio en los juzgados para dejar los vehículos por un espacio breve de tiempo. Sin embargo, consideran que no tiene la capacidad para el volumen de vehículos que se mueve en los procesos judiciales, y mucho menos para determinados tipos, como por ejemplo lanchas o barcas que se requisan en las operaciones contra el narcotráfico en el río Guadalquivir y que no tendrían cabida, por lo que deberían ir a dependencias policiales como antes.

Dada esta situación, desde la Consejería de Justicia informaron de que los pagos a la concesionaria se efectúan siguiendo "el procedimiento habitual en una administración" y que en estos momentos se están tramitando, pero para ello es necesario primero "comprobar" las prestaciones del servicio. Estas mismas fuentes, que evitaron precisar a cuánto asciende la deuda y desde cuándo, no quisieron entrar a valorar las posibles demandas que puedan llegar de los afectados.

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