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El derecho a la vivienda

En el marco de la concertación social, propugnada y fomentada por el presidente Chaves y su Gobierno, en estos últimos años, se ha firmado el llamado "Pacto por la Vivienda". Tras una dura y difícil negociación se alcanzó el acuerdo en el último momento...

el 14 sep 2009 / 21:37 h.

En el marco de la concertación social, propugnada y fomentada por el presidente Chaves y su Gobierno, en estos últimos años, se ha firmado el llamado "Pacto por la Vivienda". Tras una dura y difícil negociación se alcanzó el acuerdo en el último momento y fue posible solemnizar la firma del pacto que compromete a todos los agentes implicados en el sector del urbanismo y de la vivienda, como son la Junta de Andalucía, los Ayuntamientos, sindicatos y patronal y las entidades financieras. Dados los proyectos a ejecutar y los medios económicos puestos a su disposición, el pacto tendrá una gran incidencia en la vida política, social y económica de Andalucía en los próximos años. Por ello, no se comprende que los partidos de la oposición y algún medio descalifiquen de entrada y sin argumentos de peso el acuerdo alcanzado, tachándolo de maniobra electoral, en lugar de admitirlo como punto de partida y someterlo en su ejecución y desarrollo a un riguroso control en las instancias correspondientes.

En la presentación del pacto, el Presidente Chaves anunció un decálogo de medidas a adoptar, algunas de forma inmediata, otras en la próxima legislatura, para hacer realidad los acuerdos. De entre ellas merecen destacarse las relacionadas con el urbanismo, acentuando la necesidad del acuerdo y colaboración de los ayuntamientos y la imprescindible disposición de suelos para la construcción de viviendas protegidas y, sobre todo, el proyecto de ley de acceso a la vivienda. Es necesario pasar de la mera declaración programática a la realidad de los hechos.

Tanto el artículo 47 de la Constitución como el 25 del Estatuto reconocen el derecho de los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada y obligan a los poderes públicos a adoptar las medidas necesarias para hacer efectivo ese derecho. La aplicación de los derechos fundamentales ha impulsado importantes cambios en la sociedad española y su extensión a todos los ciudadanos los ha configurado como derechos universales, sin excepción alguna. Así ha ocurrido con la educación, la sanidad pública y las pensiones.

Ahora se trata de potenciar otros derechos, como la defensa y protección de las personas en riesgo de exclusión social y, en este caso, el derecho a la vivienda, desarrollando nuevas interpretaciones o buscando soluciones hasta hoy desconocidas o inaplicadas; se trata de hacer realidad valores y principios que inspiran el Estado democrático y social de Derecho y llegar hasta sus últimas consecuencias en su aplicación en un proceso de renovación y adaptación a la realidad actual; en definitiva, de adaptar esos derechos a las circunstancias sociales de hoy, mediante la intervención directa del Parlamento y, en su caso, de los jueces y tribunales. De ahí la trascendencia del proyecto de ley anunciado en cuanto legitimará a los ciudadanos para exigir frente a la Administración y por la vía jurisdiccional, si ello fuere preciso, el derecho a una vivienda digna y adecuada.

Antonio Ojeda Escobar es notario

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