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El derecho de todos a una muerte digna

A la misma hora que el Consejo de Gobierno de la Junta aprobaba ayer en la Casa Rosa la ley andaluza que garantiza el derecho a la muerte digna, el ex consejero de Sanidad de Madrid, Manuel Lamela, y seis médicos prestaban declaración en un juzgado...

el 16 sep 2009 / 04:01 h.

A la misma hora en que el Consejo de Gobierno de la Junta aprobaba ayer en la Casa Rosa la ley andaluza que garantiza el derecho a la muerte digna, el ex consejero de Sanidad de Madrid, Manuel Lamela, y seis médicos prestaban declaración en un juzgado de la madrileña Plaza de Castilla por un delito de denuncia falsa ligado a las supuestas sedaciones irregulares en el hospital de Leganés. La coincidencia pone en ambos lados de la misma mesa las distintas maneras de tratar una de las situaciones más delicadas a la que se enfrentan los profesionales de la medicina en su carrera: la garantía de una muerte digna para sus pacientes. Casos tan escandalosos como el de Madrid, en el que el Gobierno autonómico cargó contra el equipo médico del doctor Montes por 400 sedaciones calificadas como homicidios, o el de la mujer granadina que pidió que le retiraran del respirador artificial son los que han llevado a la Junta a darle rango de ley a este derecho. Está socialmente aceptado que es necesaria una norma que acote las reglas del juego en las que tienen que trabajar los sanitarios encargados de los enfermos terminales y que les dé amparo jurídico ante la posibilidad de que alguien confunda su intención de mitigar la agonía de un moribundo con un caso de eutanasia o de suicidio asistido, prácticas que habrán de plantearse en un futuro pero que en la actualidad son consideradas delictivas. La ley andaluza regula la limitación de los esfuerzos terapéuticos en enfermos agónicos, la sedación paliativa terminal y la determinación de la muerte cerebral. Muchos han destacado de ellas su carácter pionero en la legislación española, pero aun siendo importante, no es el aspecto más destacable. Lo decisorio de su aprobación es que establece unas normas claras que amparan una práctica que muchos sanitarios aplican ya de hecho y que, en consecuencia, garantiza a todos el derecho a vivir sus últimas horas con la dignidad que merece cualquier ser humano.

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