En apenas una semana, Domingo Enrique Castaño ha sido imputado en los dos procesos judiciales abiertos relacionados con el Ayuntamiento de Sevilla. Por un lado, las facturas de Unidad y el fax enviado supuestamente desde el grupo socialista. Por otro, el caso Mercasevilla en las diligencias abiertas por la supuesta venta fraudulenta a Sando del suelo de la empresa.
No han hecho falta sin embargo estas dos imputaciones para que muchos dirigentes socialistas agacharan la cabeza al hablar de él. Por eso, a principios de este mandato se le instó a abandonar el Ayuntamiento, ya con el fax difundido por el PP. Él, según varias fuentes, no asumió bien esta decisión. Pero ni entonces ni ahora hay dirigentes dispuesto a poner la mano en el fuego por él.
Castaño, militante socialista desde los años 90, llegó al Ayuntamiento en el primer mandato de Alfredo Sánchez Monteseirín cuando él era miembro de la dirección de Unidad, presidida por Manuel Gómez Lobo. Sus primeros años estuvieron ligados a Carmelo Gómez, aunque cuando se produjo la confrontación entre éste y el alcalde, eligió el bando de Monteseirín y de Gómez Lobo, bajo cuyo mandato en la agrupación Macarena fue secretario de Organización.
Castaño asumió distintas responsabilidades en el Ayuntamiento. Fue director de Vía Pública con Gómez Lobo, miembro de la ejecutiva de Mercasevilla con Gonzalo Crespo, asesor del grupo socialista y en su última etapa director gerente de la fundación DeSevilla, hasta que ésta quedó en manos de IU. En el partido, como secretario de Organización de Macarena, y miembro del entorno del sector afín al alcalde llegó a entrar en la Ejecutiva Provincial. Fue parte de la cuota de la capital, y asumió el área de Ordenación del Territorio. Sin embargo, según fuentes socialistas, apenas tuvo competencias y en algún momento se barajó su expulsión por no asistir a las reuniones.
Pero no fue hasta finales de 2008 cuando Castaño fue expedientado en el marco del proceso de disolución de la dirección de la agrupación Macarena en el que se abrieron ocho expedientes por supuestas irregularidades en el censo. Entre ellos a Manuel Gómez Lobo y al propio Castaño, quien aprovechó esta situación para salir del partido.
Sus relaciones con Sando eran conocidas en el PSOE, antes y después del concurso público, al igual que su proximidad con María Victoria Bustamante, otra de las imputadas en el caso, que fue su jefa de servicios en Vía Pública y que se fue junto a él al consejo de administración de Mercasevilla, al que todavía pertenece, al igual que conserva su cargo en Vía Pública. Ahora la Juez ha situado a Castaño como uno de los ejes de su investigación. Ha pedido toda la relación que mantiene con la empresa Sando, promotora a la que estuvo vinculado en el marco de la sociedad creada para explotar los terrenos de Santa Bárbara, y ahora ha solicitado a Urbanismo que le remita los contratos firmados con Sando cuando él estaba en Vía Pública.
Muchos en el PSOE le ven como la base de un castillo de naipes organizado en el seno del partido que se limita a nombres como Fernando Mellet o Daniel Ponce. De momento, los socialistas confían en que éste sea el techo de los dos procesos, aunque el PP señale más alto. De hecho, Manuel Gómez Lobo -imputado por Unidad- sigue en la agrupación Macarena, mientras que Gonzalo Crespo cuenta con la confianza de la Agrupación Centro. El caso más difícil es el de Antonio Rivas, miembro de la ejecutiva Provincial. Declarará mañana, y el PSOE confía en que deje de estar imputado. Pero ahora, el ERE que aprobó ha tomado un nuevo impulso en el proceso.
