El consejero de la Presidencia, Antonio Ávila, recordó que Canal Sur lidera las audiencias -es la cadena autonómica más vista de España y el operador más seguido en la comunidad- y aseguró que resulta "relativamente barata", ya que cuesta a cada ciudadano unos 17 euros al año. También defendió que es muy lucrativa para la economía, al generar 5.000 empleos y movilizar unos 250 millones de euros, y destacó su fuerte impacto en el sector audiovisual de la comunidad, compuesto por 5.000 empresas y 54.000 puestos de trabajo.
El presupuesto de la RTVA para este año asciende a 247 millones de euros, de los que 174,3 (un 70%) los aporta la Junta y el resto se obtiene de los ingresos publicitarios. Canal Sur sigue soportando un déficit millonario. El último balance ofrecido el pasado septiembre por su director general, Pablo Carrasco, arrojó un agujero de 8,5 millones en el primer semestre -inferior a los 11,8 millones que registró en el mismo periodo de 2008- y calculó que al cierre del año alcanzaría los 10 millones.
Los expertos analizaron tres opciones para financiar Canal Sur. La primera, que consiste en cobrar un canon a los espectadores o una tasa a las cadenas igual que hacen Francia o la BBC, se descartó por "inestable e insuficiente", según Ávila. Esta fórmula, además, la rechaza el 78% de la población. Las dos posibilidades restantes, inyectar dinero público y emitir publicidad, son las que se aplican actualmente. El consejero sostuvo que si la RTVA elimina los anuncios -no hay ninguna norma que obligue a ello- habría que recurrir a una mayor aportación de la Junta, algo impensable con un Presupuesto muy ajustado por la crisis. Esta decisión afectaría a los anunciantes andaluces, que se verían discriminados frente a empresas nacionales por el encarecimiento de las tarifas y la desaparición de las desconexiones regionales en el resto de cadenas a partir de abril, cuando se implante la TDT. El 48% de los publicistas de la comunidad sólo se anuncian en Canal Sur Televisión.
La Carta del Servicio Público fija las prioridades del ente público andaluz para los próximos seis años -promover el pluralismo, ayudar a vertebrar la comunidad e impulsar una televisión de calidad- y sus objetivos serán controlados por el Parlamento. Así lo establece la ley de la RTVA de 2007, que refuerza el papel de la Cámara en la toma de decisiones de la cadena pública. Carrasco es el primer director general elegido por el Parlamento.
