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El doble discurso de las imputaciones

IU pedía dimisiones hace tres años, el PP condena en Sevilla a imputados mientras los defiende en Valencia

el 08 abr 2011 / 20:10 h.

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Vayan por delante tres consideraciones: ni todas las imputaciones son iguales, ni una imputación deriva necesariamente en una condena; ni los jueces son infalibles. Pese a este punto de partida, la decisión de la juez Mercedes Alaya ha generado una situación sin precedentes en las elecciones en Sevilla: uno de los tres principales candidatos a alcalde está imputado en un complejo proceso judicial de imprevisibles consecuencias. En este delicado escenario, el doble discurso de los partidos vuelve a quedar en evidencia. Los dirigentes quedan presos de sus  palabras, de sus estrategias. Para unos estar imputado es una garantía procesal. Para otros, una condena anticipada.  


A IU le aprieta su propia soga. La que ratificó ayer con un compromiso que obliga a dimitir como medida preventiva a cualquier imputado en casos de “corrupción política o urbanística”. La misma soga que usó el propio Torrijos cuando en octubre de 2008 forzó una propuesta demagógica en defensa de su compañero Francisco Manuel Silva –ahora con todas las denuncias archivadas– pidiendo al PP que cesara a sus cargos imputados, algunos con referencias tan vagas como “ha llevado a cabo actuaciones arbitrarias según el TSJA”. Tiene además un listón alto en Sevilla: el que se puso en 2007 cuando, a las puertas de las elecciones, relevó a Agustín Pavón en Camas aún defendiendo su inocencia.


Las condenas públicas a otros imputados acaban siendo un arma de doble filo. Para todos los partidos. Juan Ignacio Zoido –un exmagistrado– se expresaba ayer con cierto desahogo afirmando que “alguien que no ha hecho nada no está imputado”, que cualquier imputación es “grave” y que cuando alguien es imputado “hay indicios criminales”. Una contradictoria contundencia si se analiza en su contexto. El jueves, el mismo día de la imputación de Torrijos, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá –un modelo para Zoido–, justificaba que su número tres y edil de Urbanismo estaba imputado por prevaricación. “Es un hecho administrativo avalado y garantizado por los técnicos municipales”. Podría haberlo dicho el mismísimo Torrijos. Y esa comunidad la preside Francisco Camps. ¿Quiere decir Zoido que “algo habrá hecho” para estar imputado, que es un caso “grave” y que hay “indicios criminales”? ¿También los otros dos imputados de su lista?


El PSOE intentó ayer mantener alto el listón. Su portavoz parlamentario pidió coherencia a IU y presumió de que no tienen imputados por corrupción en sus listas. Pero sí mantuvo a Antonio Rivas en la delegación de Empleo mientras defendía su inocencia. Y tiene al responsable de las empresas municipales y a su gerente de Urbanismo imputados con una base similar a la de Torrijos.


Y luego llegan las consecuencias, que ejemplifican las consideraciones iniciales. Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, Francisco Fernández, o Francisco Manuel Silva han pasado de imputados a ver cómo sus causas quedaban archivadas.

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