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El doble rasero ético del PP con Camps

El Presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha ratificado este fin de semana a Francisco Camps y Rita Barberá como candidatos a la reelección en el Gobierno autonómico y el Ayuntamiento de Valencia en las próximas elecciones autonómicas y municipales.

el 16 sep 2009 / 07:38 h.

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El Presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha ratificado este fin de semana a Francisco Camps y Rita Barberá como candidatos a la reelección en el Gobierno autonómico y el Ayuntamiento de Valencia en las próximas elecciones autonómicas y municipales. El espaldarazo se produce a pesar del recurso que aún debe analizar el Tribunal Supremo tras la imputación de Camps por recibir supuestos regalos de la trama corrupta de Correa, archivada por el TSJV pese a la falta de unanimidad de los magistrados. Respecto a Barberá, Rajoy ha obviado que su nombre figura en las grabaciones de los investigadores como receptora de regalos de lujo de la trama y que la Policía Judicial ha reclamado información sobre la época en la que presidió la FEMP, para averiguar si es cierto que bajo su mandato se aprobaron numerosos contratos y adjudicaciones a dedo a las empresas de los integrantes de la trama corrupta liderada por Francisco Correa. Con esta decisión, el PP pone de manifiesto un doble rasero ético. Apartó de las listas al eurodiputado Gerardo Galeote porque su nombre aparecía en la lista de la caja B de la trama de Correa. Hizo lo propio con el consejero de Esperanza Aguirre Alberto López Viejo, que figuraba en la nómina de supuestos beneficiarios. Apartó de la Alcaldía a cuatro ediles madrileños que adjudicaron a Correa contratos millonarios durante años. Y ha forzado in extremis que el tesorero del partido deje su puesto tras aparecer su nombre como presunto receptor de grandes cantidades de dinero, aunque seguirá cobrando como senador. El juez José Flors, que instruyó el caso Camps, halló suficientes indicios para llevarle a juicio. Pero la sala penal del TSJV a la que recurrió el president decidió archivar el caso por dos votos a uno. Y aunque Camps puede acabar siendo juzgado, el PP le da su respaldo porque gobierna y lo avalan las encuestas. Es legal y legítimo, pero éticamente ambiguo.

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