Nadie duda que el sufrimiento por la muerte y pérdida de un hijo generan en la sociedad, solidaridad y comprensión, mas lo cierto es que no resulta lícito abusar de esos sentimientos para autoproclamarse como redentor y promotor de castigos, provocando otro dolor distinto en quienes se consideran culpables de sus males, sin más juicio que el propio prejuicio. En todo caso habrá instancias a las que le corresponde resolver sobre esas responsabilidades, no siendo tampoco legítimo interferir en su competencia decisoria independiente y soberana. Mas lo peor es que esa actitud ha sido respaldada desde altas instancias gubernamentales a las que, en realidad el reproche justo y medido, conforme a Derecho, está en muy segundo plano a planteamientos populistas y mediáticos.
Es por ello que habría que recordarle al padre de Mari Luz, que al margen de tener que ser humildes y empezar por reconocer las propias responsabilidades (que él indudablemente tuvo como padre y garante de la seguridad de su hija), en una sociedad justa y de progreso, las víctimas, y nadie le niega ese papel, deben merecer toda nuestra ayuda y apoyo, pero que no siempre sus palabras o actos son respetables o admirables, ni menos todavía pueden arrogarse autoridad moral o ética, caiga quien caiga. Las víctimas muchas veces no tienen razón, pues la condición o situación de tales no les confiere ningún plus adicional de legitimidad ni de autoridad moral sobre los demás.
Por desgracia vivimos en una sociedad tan manipulada y alienada informativamente, que la mayoría de la gente no percibe esa realidad, quedándose con la imagen primaria del dolor y sufrimiento, lo que no deja traslucir posteriores abusos y desviaciones de esa autoridad moral que confiere el título de víctima, y más aún cuando se eleva al plano de merecimiento de compasión nacional. Porque hasta para ser víctima existen privilegios.
