El Guadalquivir sigue siendo "un enfermo con fallo multiorgánico", sigue sin haber una gestión "integrada e integral", no hubo más reuniones de expertos o autoridades competentes y las administraciones siguen sin querer ser los responsables de una decisión que puede tener muchos efectos colaterales y que podría salvar, o bien, matar al enfermo. Por eso el dragado de profundización del río que pide el Puerto de Sevilla sigue estancado y sin visos de realizarse. Hasta la férrea posición de la Autoridad Portuaria, empeñada en que los trabajos empezarían este año, se ha suavizado. La urgencia por rentabilizar los 160 millones de euros que costó la nueva esclusa se ha diluido.
"En principio sí queríamos empezar el dragado este año, pero no se hunde el mundo si es el que viene. Ya están entrando en el Puerto barcos de 28 metros, antes como máximo eran de 24, y tenemos nuevas líneas marítimas con Canarias y Marruecos, por ejemplo. Todo ello gracias a la nueva esclusa , porque la vieja era un embudo", explica el presidente de la Autoridad Portuaria, Manuel Fernández, quien hasta ahora había defendido con ahínco que era vital el dragado de profundización para que, por fin, puedan entrar en Sevilla grandes barcos de mercancías y cruceros (el más grande llegará el próximo lunes con unas 2.000 personas, mientras que tras el dragado podrían desembarcar buques con el doble de pasajeros).
Los planes de desarrollo del Puerto, de hecho, necesitan del dragado para que se pueda duplicar el transporte de mercancías (está previsto que los cinco millones de toneladas actuales se conviertan en doce). Sin embargo, no hay noticias del dragado ni de quien tiene que tomar la difícil decisión. Mientras ecologistas, arroceros y algunos municipios ribereños lo rechazan de plano, las administraciones guardan silencio y no hay avances en la mejora del río.
En 2003, la exministra Cristina Narbona encargó un informe científico para aclarar si el dragado era oportuno o no. El pasado mes de febrero se presentó ese estudio -el más completo del mundo sobre un estuario, con 80 millones de datos recogidos- pero tampoco generó el consenso . En él se expone que el río está mal y que, por tanto, hay que curarlo antes de practicarle operaciones como el dragado. En ese momento, el Puerto aseguró que quien tenía que poner las "reglas de juego" del dragado era el comité de autoridades competentes recogido en la Ley de Aguas. Otro grupo de expertos que, por ahora, no ha tratado el tema ni se prevé que lo haga. Como tampoco lo ha hecho el órgano de participación del Parque Nacional de Doñana (antiguo patronato). El Ministerio de Medio Ambiente sostiene que está esperando el proyecto de protección de las márgenes que solicitó al Puerto, así que no aclara su postura, y la Junta espera la resolución de Madrid para posicionarse. Por ahora, la Consejería de Medio Ambiente sólo dice que antes de acometer el dragado hay que corregir los problemas del río, lo que requiere tiempo, dinero y una gran cintura política -a un año de las elecciones autonómicas- para casar los intereses de arroceros, Puerto, ecologistas, municipios... El problema es cómo y quién le mete mano al río.
"El Puerto tiene casi ultimado el proyecto de protección de márgenes, nosotros no paramos, pero sí, necesitamos el visto bueno del ministerio", admitió Manuel Fernández. ¿Y qué opina sobre la actitud de las administraciones? "Espero que todo el mundo sea responsable, pero es muy complejo conjugar los intereses agrícolas, arroceros, desembalses...", añadió tras indicar que espera que no haya falta de voluntad por parte de Estado y Junta. Con todo, lo único que sí marcha es el dragado anual de mantenimiento, clave este año porque será estudiado con lupa.
