La caída del sector de la construcción deja tras de sí un reguero de pequeñas y medianas empresas (pymes) subcontratadas con importantes deudas y avocadas al despido de sus empleados. Un grupo de estos empresarios se concentraron ayer en Bormujos para una obra en señal de protesta por los impagos.
El promotor de la protesta es Antonio Moreno, una víctima más de una situación a la que ellos mismos se refieren como "el pan nuestro de cada día". Es propietario de Alucam, una empresa familiar de Lantejuela dedicada al negocio del aluminio. Hasta no hace mucho, eran 15 personas trabajando, hoy sólo son él y sus hijos. Las deudas que acumula no le dejaron otra.
Su empresa, junto a otras 11, paralizaron ayer una obra de 139 viviendas en Bormujos en protesta por el "atropello" que sufren. La empresa encargada inicialmente de la obra, SEOP, declaró concurso de acreedores hará un año. La obra la acaba de retomar la constructora CISA del grupo Prasa, a su vez contratada por Procam, filial inmobiliaria de Caixa Catalunya.
Estas 12 empresas fueron subcontratadas en su día para llevar a cabo trabajos de fontanería, aluminio, electricidad, azulejos... Cuando se declaró el concurso de acreedores todo quedó en el aire, incluida una deuda de 3.000.000 euros en materiales ya instalados en las viviendas y que están impagados.
Por ello, reclamaron a la nueva constructora retomar su trabajo donde lo habían dejado y así recuperar parte del adeudo. Sin embargo tras recibir una respuesta afirmativa, la sorpresa llegó el pasado lunes cuando otras subcontratas se hacían cargo de las obras. Por eso, optan por la única vía que les quedaba: la de la protesta.
"Esas son mis ventanas", señala el empresario de Lantejuela hacia unos bloques de pisos, que dice tener 30 viviendas montadas con sus materiales todavía sin pagar. "Nos sentimos engañados y defraudados, ni nos pagan ni quieren que sigamos con las obras", se lamenta.
Eduardo Morales, gerente de Butafon, dedicada a las instalaciones de fontanería y climatización, expone también su caso, el de una empresa mermada de 90 a 25 empleados. "La ley nos ampara, tenemos la reserva de dominio de nuestros materiales, que quiere decir que lo que nosotros hemos colocado ahí es nuestro porque nadie nos lo ha pagado", subraya, al tiempo que aclara que en la obra de Bormujos le deben 250.000 euros.
Juan José Alarcón es gerente de Alarcón Obras y viene desde Madrid para "solidarizarse con los compañeros". Su historia es la misma, sólo cambian los nombres de los protagonistas. Con gran aplomo, quizás fruto de la impotencia, sostiene que "esto es una estafa consentida por la justicia". Para continuar: "Están ahí mis ladrillos y mis materiales, mis grifos y mis ventanas y, sin embargo, el juez liquida primero al banco y después a los curritos, a los autónomos, a los que tenemos que despedir". En su caso, fueron 17 personas las despedidas.
También desde Madrid viene Paul Ababei, de nacionalidad rumana. El de ayer era su décimo día en huelga de hambre para protestar por una deuda de 800.000 euros que tiene pendiente de dos constructoras. Su empresa, Bellona Star, se dedicaba al pladur y contaba con 90 empleados, ahora ya no queda nadie: "Estamos arruinados". Pese a una debilidad evidente provocada por el ayuno, es bastante claro y rotundo en sus afirmaciones: "Los grandes constructores se aprovechan de la crisis y se hacen las víctimas, pero no lo son, sólo nos roban nuestro trabajo".
"Todos los días unas 60 pymes caen a nivel regional y más de 200 a nivel nacional", comenta José María Carrasco, vicepresidente de la Asociación Española de Proveedores Impagados de la Construcción (Aepic). En cifras, hay unos 8.000 millones de euros que deben las grandes empresas a las pymes a nivel regional, 30.000 si se extrapola a nivel nacional.
La fórmula es sencilla: "Están pagando con pagarés a 180 y 240 días, y cuando llega ese momento la empresa ya está en concurso de acreedores, entonces te encuentras con unos papeles que no sirven, con un material que se lo han quedado y tus obreros pidiéndote dinero".
